El fiscal pide la disolución de la constructora Gómez de Bodaño y cárcel para sus dueños y testaferros

El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra ya tiene sobre la mesa el escrito de conclusiones del fiscal tras la compleja investigación realizada en torno a esta empresa con sede en la calle Eduardo Pondal. En total, Santaló formula acusación contra siete personas, los dos dueños originales de la constructora, M. G. G. y su mujer L. G. M.; así como para los hombres de confianza de estos últimos en la gestión de la empresa, D. P. A. y A. F. A., y los dos supuestos testaferros que figuraban al frente de la firma tras una serie de ventas de las acciones pero que el fiscal cree que realmente son solo "hombres de paja". Se trata de A. F. A. y José Antonio Frutos Ayala, en prisión este último como presunto autor del crimen del congelador de Ponteareas. El fiscal también acusa a un asesor de los dueños, A. B. C., de haber diseñado el sistema de ventas y poderes "con la finalidad de alejar a los verdaderos propietarios" de la defraudación tributaria de la que ahora se ven acusados. El fiscal pide una pena de prisión de tres años y una multa de 450.000 euros para cada uno de los siete acusados, así como la disolución de la sociedad y una multa de 300.000 euros a la empresa Gómez de Bodaño. En total, casí 3,5 millones en sanciones.

Ventas por 2,8 millones

Según su escrito de acusación, durante el año 2012 la constructora presentó autoliquidaciones trimestrales del IVA negativas y tampoco presentó declaración anual, indicando así la ausencia total de operaciones comerciales. No obstante, el fiscal y Hacienda lograron detectar varias ventas, entre ellas las de un inmueble en Pontevedra dedicado a local y viviendas por valor de 2.697.105 euros. El fiscal detectó otras dos ventas de menor entidad como una vivienda por 137.000 euros y un local por 49.982 euros que tampoco fueron declaradas. Esto provocó que la inmobiliaria defraudase ese año a Hacienda un total de 142.076 euros que ahora pide que sean devueltos al erario público.El fiscal cree que con el objetivo de ocultar quienes eran los responsables de la firma y, por lo tanto, los obligados tributarios y encargados de responder ante Hacienda, se creó todo un sistema de ventas de la compañía a "hombres de paja". Así, el 2 noviembre de 2011 los dueños originales vendieron las 3.334 acciones que tenían un valor nominal de 300 euros, por el precio de un euro a uno de estos supuestos testaferros. Ese mismo día se firmó ante notario un poder mercantil sobre la empresa a nombre de J. M. L. R., uno de los "hombres de confianza" de los antiguos propietarios, según el fiscal, de tal forma que pese a la venta de las acciones, mantendrían el control sobre la constructora. Para complicar más la trama y alejar todavía más a los antiguos dueños de la empresa, esta operación se repitió una vez más, en esta ocasión figurando como testaferro José Antonio Frutos Ayala, que se convirtió en máximo responsable de la compañía por el precio de un euro y a cambio de cobrar una pequeña cantidad mensual como salario, según Santaló.