La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado iniciar procedimiento de sanción a dos agentes de la Policía Nacional de Pontevedra y practicarles pruebas caligráficas, por la supuesta falsificación de firmas en una denuncia contra el sindicalista de la CIG Xabier Aboi.
En abril de 2014 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra revocó una sanción de 2012 contra el responsable de la CIG, basándose en el dictamen de una perito calígrafa que determinó que las firmas de los agentes denunciantes que constan en la denuncia y en la ratificación no eran iguales.
Según señala la Defensora del Pueblo -en un escrito de finales del pasado mes de septiembre-, en esa sentencia se recoge "el resultado de la prueba caligráfica en la que se hace constar la existencia de irregularidades en las firmas de los agentes que aparecen en las actas-denuncia, la ratificación y la nota informativa".
Así, respecto del agente 75.531, "se señala que la firma que aparece en la nota informativa es diferente de la que aparece en los otros documentos", mientras que "en lo tocante del agente 85.244, se señala que la firma de la ratificación es diferente de las otras dos".
De oficio
Esta queja la presentó la plataforma Dereitos Civís y la Defensora del Pueblo decidió tramitarla de oficio. Por ello Soledad Becerril llama a investigar "las irregularidades en las que pudieron haber incurrido los funcionarios policiales" que dieron lugar a la tramitación por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Los hechos se refieren a una movilización ocurrida en marzo de 2012 en la que la CIG protestó en sucursales bancarias en Pontevedra, y por la que fue denunciado el sindicalista Xabier Aboi, cuya sanción fue anulada por el juzgado número 1 posteriormente.
En junio de 2014 CIG pidió amparo a la Fiscalía para que investigue la supuesta "persecución" que, a su juicio, venían sufriendo no solo las centrales sindicales, sino "de cualquier movimiento por parte de la ciudadanía que salga a protestar a la calle". Para ello, solicitaron una entrevista con el fiscal jefe, además de presentar denuncia por supuesta falsedad documental con respecto a un caso concreto, el que padeció uno de los responsables del sindicato, Xavier Aboi, al que se le impuso una sanción de 1.200 euros por la comisión de dos "faltas graves y una leve" durante una movilización contra el rescate bancario en frente a la sede del Banco de Santander de la calle Michelena.
Una sanción finalmente retirada por el juzgado de lo Contencioso de Pontevedra al entender que las firmas de los policías que ratificaban los hechos por los que se multaba a Aboi no coincidían con las de los agentes que levantaron las primeras actas de infracción en el lugar de los hechos.
El sindicato entendió que la presunta simulación de las firmas de estos policías nacionales por parte de terceras personas podría significar un delito de falsedad documental por lo que solicitó a la Fiscalía Provincial que abriese la correspondiente investigación penal.
