Un juzgado de Pontevedra abrirá en breve una investigación para determinar si se incurrió en algún tipo de ilícito penal al utilizar información privada y personal para identificar y comunicar por parte de las concesionarias de las autopistas portuguesas las miles de multas por el impago de peajes que se han tramitado en los últimos años contra ciudadanos españoles, muchos de ellos gallegos.
Estas diligencias de investigación se abrirán después de que en el juzgado se haya recibido un completo dossier elaborado por el Grupo de Investigación y Apoyo a Tráfico (GIAT) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y que, según pudo saber este diario, concluye que la obtención de estos datos de carácter privado sí pudo ser constitutivo de algún tipo de delito. Cabe recordar que el Código Penal castiga los delitos de descubrimiento y revelación de secretos por el acceso a datos de archivos tanto públicos como privados sin estar autorizado para ello.
La utilización irregular de datos de los ficheros de Tráfico por parte de las concesionarias de las autopistas portuguesas para imponer estas sanciones es una denuncia que desde hace tiempo vienen realizando colectivos como Automovilistas Europeos Asociados. Se calcula que unos 300.000 españoles podrían ser objeto de este tipo de reclamaciones, unos 40.000 de ellos conductores gallegos que habrían dejado de abonar unos 11 millones de euros a las concesionarias de las autopistas lusas Brisa y Ascendi. Hace un año salió a la luz que estas empresas reclamaban el pago de las cantidades que se dejaban de abonar más una serie de gastos de tramitación, utilizando para ello los servicios de un despacho de abogados de Huelva. De lo contrario, amenazaba con acudir a la vía judicial.
Desde Automovilistas Europeos Asociados insisten en que dichos procedimientos de reclamación no eran correctos, pero además, ya alertaban de que alguien podría estar realizando un uso irregular los datos de los titulares de los vehículos cuyas matrículas eran captadas por las cámaras de las autopistas portuguesas. ¿Cómo obtenían los datos de los titulares de los vehículos para realizar esas reclamaciones? Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la posible apertura de una investigación judicial en torno a esta cuestión es una buena noticia. Esta asociación de automovilistas considera que las concesionarias de las autopistas portuguesas no están cumpliendo con la ley de protección de datos a la hora de obtener los registros de los vehículos cuyas matrículas son detectadas por las Cámaras. Arnaldo reconoce que existe una directiva de la Unión Europea que permite la persecución transfronteriza de infracciones de tráfico dentro del territorio comunitario, de tal forma que sí se permitiría el acceso a la base de datos de la DGT para perseguir, multar y cobrar estas infracciones cometidas por conductores españoles en otros países. Es decir, el mecanismo para acceder a las bases de la DGT sí existe, otra cosa es que se esté utilizando de forma correcta. Y es que, según explican desde AEA, el uso de esta directiva se ciñe exclusivamente a ocho tipo de infracciones, las más graves, de tal forma que la directiva no contempla el acceso al registro de la DGT en base a normativa europea por una infracción tributaria como es el impago de un peaje. Por lo tanto, la obtención de datos por esta vía sería irregular.
Mario Arnaldo explica que, en todo caso, los registros de la DGT son de acceso público: "El único mecanismo que tendrían para acceder a esos datos es pedir un informe de titularidad y cargas de tráfico", explica Arnaldo, pero para ello hay que demostrar "un interés legítimo" y pagar una tasa de 8 euros por cada informe, algo que AEA duda que hayan hecho con cada una de las 300.000 reclamaciones que supuestamente se han realizado. Por lo tanto, concluye que "alguien está haciendo una cesión no consentida de esos datos".
