El Concello solicita al Gobierno que anule de forma definitiva la concesión de Ence

-Cuestiona la caducidad parcial de Costas -En caso de no lograr el objetivo esperado, el gobierno local mantendrá la vía judicial

15.10.2015 | 02:53
Caldas y Lores, en el centro, en la reunión de ayer. // G. Santos

El Concello de Pontevedra ha requerido formalmente a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que anule definitivamente la concesión de Ence sobre el dominio público junto a la ría. Este requerimiento es un acto de la xunta de goberno local, el último paso antes de una nueva judicialización del asunto de la concesión de los terrenos, después de que Medio Ambiente decretase en verano una caducidad parcial tras un expediente que se vio obligado a tramitar tras diez años de silencio, por sentencia del Tribunal Supremo.

Esta resolución de Costas proponía declarar la caducidad parcial de la concesión, que no afectaría al complejo industrial pero sí a la depuradora de Lourizán, al comedor de la fábrica y al campo de fútbol de Os Praceres.

El requerimiento reitera los argumentos municipales frente a la concesión, tanto por el incumplimiento de los parámetros de vertidos y la sentencia por delito ecológico de 2002, como de las irregularidades en la transmisión de la concesión con la privatización de la compañía, como la de que se desarrollen en los terrenos más actividades que las previstas en la concesión y con una superficie construida mayor a la autorizada.

También se cuestiona la caducidad parcial, que Medio Ambiente justificó en informes del Consejo de Estado que según el Concello aluden a "alteraciones producidas por la ejecución de infraestructuras de ordenación territorial o fenómenos naturales", inaplicables al caso de la planta pontevedresa.

Además señala el requerimiento como "sorprendente" que Costas ponga en duda la documentación municipal, "cosa que no se hace respecto de las afirmaciones y justificaciones de la empresa".

El escrito también reitera que es obligatorio un dictamen del Consejo de Estado del que se ha prescindido.

Argumenta, además de la "acreditada concurrencia de las causas relatadas y tasadas de caducidad total de la concesión", incumplimientos "de carácter esencial como las transferencias de acciones sin autorización, y otros que perjudicaron gravemente al interés público y motivaron una condena penitenciaria por delito ecológico; instando, además, que se ordene la adopción de las medidas legalmente previstas", para lograr la plena recuperación, protección y restauración de la totalidad del espacio incluido en el dominio público marítimo terrestre, al margen de la EDAR.

El acuerdo se elevará ahora al pleno de la corporación municipal. Este requerimiento llega en medio del recrudecimiento de la campaña por la permanencia de la factoría por parte de la empresa y la respuesta por parte del Concello -y ahora también la Diputación- ante la posibilidad de que el Gobierno prorrogue la concesión actual antes de las elecciones más allá de 2018, tras un cambio legal de 2013 aprobado por el PP que abrió esa posibilidad.

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