La planta de compostaje que proyecta el Concello de Pontevedra en los montes de Canicouva está desde ayer un paso más cerca después de que el gobierno local haya desestimado el recurso administrativo formulado por los vecinos de Pontesampaio contra el concurso para alquilar los terrenos de esas instalaciones. Una vez despejado, al menos de momento, este obstáculo, el equipo municipal ultima la adjudicación de ese contrato a los comuneros de Canicouva, única oferta disponible y que ya dispone del visto bueno técnico en los apartados urbanístico, ambiental y económico, según aseguró ayer el concejal portavoz, Raimundo González Carballo, quien confía en que "este mes" esté resuelto ese proceso.
Estas previsiones del gobierno local llegan después de desestimar el recurso de la plataforma de Pontesampaio que desde el primer día rechaza la ubicación de la planta en Canicouva al temer que contaminará los acuíferos de la parroquia vecina y generará malos olores en todo el entorno, además de otros perjuicios medioambientales y económicos. Las reclamaciones vecinales fueron formuladas en junio pasado y se contestan ahora alegando que la plataforma que las suscribe "carece de personalidad jurídica" al no estar inscrita en el registro oficial de la Xunta e incluso presentar "nombres distintos" en sus comunicaciones al Concello. El acuerdo de ayer subraya que en julio se pidió a los firmantes del recurso una corrección de la documentación que fue respondida con una aportación del acta fundacional de la asociación "Plataforma en defensa del Medio Ambiente y contra la instalación de una planta de tratamiento de residuos en Pontesampaio" y los estatutos del colectivo, aunque en este caso la palabra Pontesampaio se sustituye por Canicouva. Añadían también una comunicación de la Consellería de Presidencia en la que se advertía de deficiencias que impedían su inscripción y que era preciso corregir.
Con esta base, el Concello alega "defectos de forma" para desestimar el recurso administrativo de los vecinos, sin entrar en el fondo de la reclamación, si bien el informe técnico sí añade que, en este segundo caso "procedería también el rechazo de las alegaciones al contar (el concurso impugnado) con todos los informes preceptivos, incluso el informe técnico de valoraciones elaborado según los valores de mercado aplicados por el Jurado de Expropiación de Galicia y la entidad pública Xestur, y dado que el pliego dispone de todos los informes favorables que acreditan que no contiene cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico". Se añade que a raíz de una "observación del servicio municipal de Patrimonio, se optó por fijar unos requisitos ambientales y urbanísticos mínimos y de advertir que las ofertas (finalmente solo una, la de Canicouva) serían sometidas antes de la adjudicación a una evaluación urbanística, ambiental y económico-financiera", ya realizadas, según explicó ayer González Carballo.
Gestión y explotación
Así, todo apunta a que este mismo mes se resolverá el concurso convocado el pasado verano para recibir ofertas de emplazamiento, un proceso que se cerró con una única propuesta, la de Canicouva. De este modo se concreta de forma oficial el primer paso para ejecutar la planta de compostaje. El gobierno local se ha marcado como "fecha límite" el actual mes de octubre para decidir el número de municipios y la fórmula de gestión. De cumplirse ese calendario, en cuestión de semanas se encargaría ya la redacción de la documentación necesaria para licitar las obras y la explotación del recinto.
Aunque el mínimo de terrenos que pretendía el Concello en Canicouva eran 20.000 metros cuadrados, los comuneros ofrecieron cinco veces más, hasta 10 hectáreas en sus montes. No obstante, buena parte de ese espacio se reserva para la recogida de biomasa con la que elaborar, junto con la basura orgánica, el compost, así como el parque forestal de A Fracha. En concreto en el lugar elegido es el denominado "Rega do Loureiro", un punto que, según el presidente de la comunidad, cuenta con "acceso rodado público" y su distancia más cercana a un núcleo habitado es de 1.290 metros, al lugar de Baltar, en Ponte Caldelas.
La comunidad de montes de Canicouva recibirá 2.000 euros al año por cada hectárea cedida para la planta de compost (son por tanto 20.000 euros) así como cuarenta céntimos por cada tonelada de basura que se trate en esas instalaciones. Así se establece en el borrador de contrato negociado hace varios meses entre los comuneros y el gobierno local. La duración de este acuerdo se establece por 30 años, prorrogables hasta 75. Con el calendario ya en marcha, el gobierno local mantiene su intención de disponer de la planta en 2017, coincidiendo con el final del actual contrato municipal de recogida de basuras.
