"Vamos a mandar a Sogama lo menos posible". Así lo dejó claro ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, después de firmar con el presidente de la empresa, Javier Domínguez, el acuerdo por el que el Concello se compromete a saldar en nueve meses, hasta el 30 de junio próximo, los 5,3 millones que debe a Sogama por el tratamiento de la basura desde 2009 hasta ahora. Esta reducción de los envíos a la planta de Cerceda obedece al intento de reducir en lo posible la factura actual, ya que con este acuerdo cada mes habrá que abonar unos 190.000 euros (74 euros por tonelada), frente a los 145.000 que se estaban pagando desde enero, ya que el Concello bajaba esa tasa a unos 55 euros por tonelada, en función de una cláusula del contrato de adhesión que los tribunales acabaron anulando. Pero también se debe a la pretensión municipal de abrir su planta de compostaje en Canicouva y desviar a ese recinto la mayor parte de la materia orgánica, al menos seis mil toneladas anuales, el 20% de lo que ahora recibe Cerceda.

Hasta ahora el Concello estaba obligado a entregar a Sogama al menos la mitad de sus basuras, lo que suponía unos envíos anuales de más de 30.00 toneladas. Pero con el acuerdo firmado ayer desaparece ese límite, lo que deja las manos libres al gobierno local para buscar alternativas a la incineración.

Esa alternativa es el compostaje, una opción que el propio Domínguez aplaudió ayer, toda vez que la normativa europea obliga a acudir a esa vía para la mayor parte de los orgánicos en 2020. El presidente de Sogama recordó que la empresa proyecta una propia en Cerceda para 15.000 toneladas, si bien no ocultó sus dudas sobre la rentabilidad del compost que se elabore. Esta inversión impide a la empresa pensar en una reducción del canon actual, que Pontevedra pagó de forma incompleta durante años, de ahí la deuda ahora generada. Son cinco millones entre 2009 y 2014, otros 280.000 de 2015 y 320.000 más en intereses.

Lo correspondiente a este año se abonará este mes y el resto se desglosa en tres plazos. Algo más de 2,6 millones, antes del 30 de noviembre mientras que el 30 de marzo de 2016 deberá estar entregado 1.157.000 euros más. La deuda estará saldada el 30 de junio próximo, con la entrega de la cuota final, 1,2 millones. A partir de ahora, Pontevedra asume sin discusión alguna el canon oficial de 74 euros por tonelada (un 26% más de lo que realmente abonaba hasta ahora) lo que significa alrededor de 45.000 euros más al mes, además de dejar de pleitear por completo en los juzgados.