PP, PSOE y Marea coinciden en señalar el descrédito que supone para el Concello de Pontevedra que su gobierno esté siendo investigado en la Operación Patos, de supuesta corrupción en instituciones públicas. Tras subrayar en todos los casos la "prudencia" con la que se deben tratar asuntos que están bajo investigación judicial, tanto el portavoz del grupo municipal socialista, como representantes del Partido Popular y de Marea de Pontevedra, lamentaron que cada día engorde el dossier que encuentra vínculos entre el equipo de Miguel Fernández Lores y esta trama de corrupción.
"Que digan que se van a poner a investigar los supuestos casos de enchufismo aquellos que aparecen en los papeles como presuntos enchufadores no tiene lógica", apuntó el portavoz municipal socialista, Agustín Fernández. La misma idea expuso el concejal del PP José Luis Martín, tras asistir a la comisión de Movilidad celebrada ayer en el Concello. "Es una tomadura de pelo", dijo Martín, respecto a las declaraciones del concejal portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo, quien tras conocer la investigación anunció que "indagará" sobre estas supuestas prácticas de "enchufismo" en el Concello. "Nos duele que el nombre de Pontevedra se manche en cuestiones de este tipo", apuntó el concejal popular, que al igual que el portavoz socialista reclamó "explicaciones claras" al equipo de gobierno de Miguel Lores.
Evidencias
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional creen haber encontrado evidencias de que Cespa, concesionaria de diversos servicios en Pontevedra como la recogida de basuras, contrataba trabajadores a petición de funcionarios y políticos del ayuntamiento de Pontevedra. En la sede de esta empresa se halló una lista de 14 trabajadores en la que aparecían sus supuestos "mentores", entre ellos el alcalde, Miguel Lores, o el portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo.
Al igual que los otros portavoces de los grupos de la oposición, el concejal de Marea de Pontevedra, Luis Rei, indicó que "todo esto suena mal", tras matizar que tendrá que ser la justicia quien determine qué ha ocurrido realmente. En todo caso "es un asunto feo; recibimos con preocupación que se investigue al gobierno local por estas prácticas", indicó Rei.
El concejal popular José Luis Martín coincidió con esta idea, apuntando que "todo empieza a oler a rancio en el gobierno local de Pontevedra", con la sospecha de malas prácticas "que tendrán que aclarar".
Martín lamentó, por otra parte, que el equipo de Fernández Lores solo reaccione "cuando está la justicia por medio", recordando que el Partido Popular había denunciado estas supuestas "malas prácticas", aunque desde una posición meramente política, que el gobierno local ignoró.
Dimisiones
"El BNG por hechos similares en otros ayuntamientos de Galicia enseguida pidió dimisiones. Creemos en la presunción de inocencia, pero también que el gobierno de Lores debe ofrecer explicaciones claras y contundentes al respeto", señaló el concejal popular, quien se pregunta además si pueden tener relación estas acusaciones policiales con las "dos prórrogas tan generosas concedidas por el gobierno local a esta empresa, una en el año 2011 y otra en el año 2014".
Agustín Fernández recordó, por su parte, que el grupo socialista votó en contra de la prórroga a la empresa concesionaria del servicio de limpieza Cespa, objeto de la actual investigación de la UDEF, por entender que el Concello debía abrir un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio. En todo caso Fernández señaló que en principio no hubo nada irregular en esta prórroga y que será la Policía la que determine el alcance de las acusaciones y el Juzgado quien dirima responsabilidades, si las hay. El portavoz municipal socialista expresó su "respeto" por la investigación judicial y criticó, al igual que los otros miembros de la oposición lo "desafortunado" que es que el propio gobierno local, investigado, pretenda esclarecer qué ha ocurrido con los supuestos contratos amañados.
"Si finalmente se demuestra que hubo estos acuerdos para enchufar trabajadores, es un asunto muy grave por el que habrá que exigir consecuencias", concluyó Fernández.
