El gobierno local se declara "muy tranquilo" con respecto al recorrido que pueda tener la operación Patos en el Concello de Pontevedra, pero lo cierto es que, al margen de las supuestas irregularidades que refleja el sumario elaborado por un juzgado de Vigo en contrataciones con la empresa Eiriña, el ejecutivo municipal ya ha decidido adoptar medidas y revisar su sistema de contratación de obras. El alcalde, Miguel Fernández Lores, ya ha anunciado la intención de suprimir una costumbre que se lleva acabo desde hace años y que ha sido objeto no solo de advertencias en la investigación judicial de la Patos, sino también ha provocado decenas de reparos por parte de los técnicos municipales por su manifiesta irregularidad. Se trata de los controles de seguridad y salud asociados a cada obra que se adjudica.
Aunque la ley establece que sea el propio Concello o una empresa ajena a la adjudicataria la que se haga cargo de esos controles, el gobierno local imponía esa obligación a la compañía que ejecutaba las obras. La razón oficial es que "de este modo se ahorra dinero a los ciudadanos", pero lo cierto es que es una práctica no reglada, de ahí que a partir de ahora se eliminará. Lores ya avanzó la intención de contratar a una empresa independiente que se encargue de esos trabajos. La decisión responde en parte a las pesquisas policiales en torno a las tres obras adjudicadas en su día a la empresa Eiriña (la reforma de las calles Santa Clara y avenida de Lugo y un asfaltado en Salcedo). En los tres casos la Policía alertó del "incumplimiento" de las condiciones del concurso por encargar el control de seguridad y salud a la misma empresa que ejecutaba las obras.
Otras actuaciones
Pero no solo se produjo esta anomalía en estos tres proyectos. Los técnicos municipales advierten sistemáticamente de esta irregularidad cada vez que se adjudica una obra y así consta entre los 285 reparos que el pasado año levantó el alcalde, desoyendo esos avisos. En el caso de la seguridad y salud fueron 89, "en todas las obras que adjudicamos", admite Lores. No ocurrió solo en 2014, sino que se remonta a varios años atrás, pero ha tenido que llegar el asunto a los juzgados para que el gobierno local viera las orejas al lobo y decida ahora cambiar este sistema.
Entre los 285 reparos del pasado año los hay de todos los colores, desde posibles fraccionamientos de contratos, a facturas pagadas sin justificar y desajustes entre las mediciones y lo ejecutado. En el caso de la anomalía de los controles de seguridad, la relación es muy prolija.
Seguridad y salud
La documentación aportada por el gobierno local en el último pleno incluye medio centenar de folios donde se detallan todos los reparos técnicos del pasado año. El Concello incumplió la norma referida a la seguridad y salud en proyectos de gran envergadura como el desdoblamiento de la avenida de Vigo, la ejecución del centro social de Salcedo, la reforma de las calles Álvarez Limeses y Cervera Mercadillo (que ya suman más de ocho millones de euros), las reparaciones en el Teatro Principal e incluso en el polémico contrato de mantenimiento de jardines, pero se extiende a la práctica totalidad de obras ejecutadas el pasado año: mantenimiento de vías rurales, la segunda fase de la reforma de Blanco Porto, las reparaciones en la avenida de Marín, tareas de índole eléctrica y de alumbrado, las medidas de seguridad vial ("lombos") en la avenida de Compostela, y multitud de trabajos en viales y centros sociales de las parroquias de Lourizán, Campañó, Mourente, Verducido, Tomeza, Marcón o Pontesampaio, entre otros. En todos estos casos, hasta 89, el alcalde levantó los reparos de los técnicos en los que se advierte textualmente que "no puede informarse la inclusión dentro del objeto del contrato al responsable en materia de seguridad y salud dado que el técnico designado estará integrado dentro de la dirección facultativa encargada de la dirección y control de la ejecución de la obra".
