Meses antes de que la opinión pública conociese el auténtico calado de investigaciones como la Operación Patos que ahora se desgrana en piezas separadas que salpican a numerosos ayuntamientos así como a otros entes públicos como la Diputación o la Xunta, la Fiscalía de Pontevedra ya dejaba constancia, en su memoria anual, que el pasado año ya había estado marcado por la apertura de importantes investigaciones sobre presunta corrupción en la administración, indagaciones que han marcado también el presente ejercicio 2015 y que parece que seguirán dando mucho que hablar el año próximo.
La memoria elaborada bajo la coordinación del fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, analiza este fenómeno desde los primeros párrafos del documento, en el que señala que la corrupción se presenta en la provincia de Pontevedra como "un fenómeno de baja intensidad" pero que sin embargo "daña a la sociedad pues genera no solo la inaplicación de las normas jurídicas del Estado, a los que los representantes públicos han jurado servir, sino también formas de enriquecimiento que no son necesariamente económicas, pero cuya base son las relaciones de carácter social y electoral; así como e clientelismo". Unas actividades que, según el fiscal, "suponen un perjuicio para la igualdad de libre concurrencia al mercado público, dañan la transparencia y perjudican en general el sistema social".
El fiscal también señala quizá un aspecto a corregir para que la sociedad pueda blindarse, o cuando menos protegerse mejor, frente a la corrupción política. Asegura que "uno de los factores más advertidos en estos ilícitos es el fracaso de los sistemas creados por la sociedad para atajar estas situación de forma previa al ilícito, y por ello se puede apreciar que los órganos de supervisión de carácter municipal no suelen ser atendidos cuando formulan reparos, de forma que se producen de forma habitual quebrantos en la legalidad, que suponen serios ataques a la igual que debe primar ante la administración". La problemática no se ciñe a los concellos, dado que "tampoco las organizaciones de carácter autonómico son suficientes para atajar las acciones en las que se basan estos ilícitos y por ello, en ocasiones, hemos renunciado al apoyo de estos entes a la hora de valorar las conductas, so pena de generar prescripciones, ante la demora de sus remisiones", señala en referencia a los entes fiscalizadores de ámbito autonómico.
El fiscal realiza estas reflexiones tras constatar también el año pasado, una tendencia que se mantiene en este ejercicio, el incremento de las diligencias de tramitación propias, investigaciones iniciadas por la propia Fiscalía de oficio o a raíz de denuncias de particulares. En su memoria, el fiscal señala que la mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de corrupción, en muchos casos advertidos a través de denuncias anónimas "que son observadas con cautela" y que se incoan cuando la documentación que las acompaña "aún cuando sea mínima, es por lo menos suficientemente relevante para proceder a su tramitación". Un sistema, el de la denuncia anónima, en el que el fiscal ya augura un importante aumento para este ejercicio debido a la coincidencia de dos citas electorales importantes como fueron las locales y serán ahora las generales.
La Fiscalía Provincial de Pontevedra vuelve a reiterar su petición, avalada por la Fiscalía Superior de Galicia, de crear una delegación especial para la investigación de delitos en materia de corrupción, reclamación que "hasta el momento actual no ha sido atendida y que entendemos que resulta suficientemente respaldada por nuestros números estadísticos". Una petición de la que también tiene constancia la Fiscalía General del Estado, subrayan.
Más policías judiciales expertos en contabilidad, administraciones públicas u operaciones bancarias
- Al igual que en años anteriores, la Fiscalía de Delitos Económicos también asumió parte de los ilícitos relacionados con la corrupción; por lo que esta problemática también se aborda en la memoria de esta especialidad del Ministerio Público.Además de volver a reiterar esta petición para crear una sección especializada para los delitos económicos que también podría investigar la corrupción, el fiscal delegado en esta materia, Augusto Santaló, llama la atención sobre la "necesidad" de poder contar "de forma permanente, directa y con dependencia del fiscal de policías judiciales formados en materias como contabilidad, administraciones públicas, bancario o cooperación internacional", entre otros. SubvencionesAl igual que ya ocurría en años anteriores, la Fiscalía de Delitos Económicos llama también la atención sobre el incremento de asuntos relacionados con el fraude de subvenciones. El Ministerio Público vuelve a reiterar su opinión sobre "las importantes deficiencias" detectadas por parte de las Administraciones Públicas "en cuanto al control de la concesión de subvenciones". Se vuelve a hacer hincapié en la necesidad de "extremar la vigilancia" por parte de los entes públicos a la hora de comprobar "el cumplimiento del fin para el que son concedidas" estas ayudas. En este apartado, el fiscal jefe hace una mención especial al intenso trabajo desarrollado por el fiscal Juan Carlos Horro en la investigación del asunto de las "Cinco Jotas".
