La asamblea de ayer reunió a los alcaldes (o sustitutos) que desde hace años mantienen una postura contraria a la continuidad de Ence. Se trata de Pontevedra, Poio y Bueu, regidos por el BNG desde hace varios mandatos. Marín ya se desligó desde el principio con el argumento de que Ence es una pieza clave para el puerto, si bien también pesa en la decisión de Ramallo el apoyo expreso de su partido, el PP, a la empresa. Resta por concretarse el caso de Sanxenxo. Su alcalde, Gonzalo Pita, ya participó hace algunas semanas en una reunión de alcaldes sobre este asunto y mostró su postura personal favorable al traslado, pero dejó claro que la posición institucional del Concello debía debatirse en un pleno, con el añadido de que ni siquiera su partido, SAL, había abordado el tema en una asamblea interna.
Ese debate plenario todavía no se ha producido y Pita no participó en la cita de ayer. Sí lo hizo la Diputación, representado por su vicepresidente, César el concejal del BNG en Pontevedra César Mosquera. Lores subrayó que "hablé con la presidenta" y delegó en Mosquera", y añadió que en aquellos concellos donde el alcalde acabe desmarcado de este frente anti-Ence se acudirá a otros grupos municipales o colectivos sociales que se han pronunciado contra la empresa con el fin de representar a todo el entramado social de ambas orillas de la ría.
