La validez de escuchas telefónicas y otras pruebas centraron la primera sesión del macrojuicio contra una veintena de supuestos miembros del denominado clan Roma, que ayer comenzó en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La defensa de algunos de los acusados trataron de impugnar dichas pruebas, cuya validez se resolverá finalmente en la sentencia -según dictaminó el tribunal-, de modo que podrán ser presentadas y rebatidas a lo largo de la vista, que se prevé larga.
Se acusa a veinte personas presuntamente vinculadas al clan del arousano José Ramiro Vázquez Roma, del transporte de unas 4 toneladas de cocaína, en una operación intervenida por el Servicio de Vigilancia Aduanera en 2007.
En la primera vista del juicio se expusieron las cuestiones previas, en las que las defensas trataron de invalidar las escuchas telefónicas, además de aportar nuevas pruebas para ser tenidas en cuenta durante el proceso. Las defensas de algunos de los veinte imputados consideran "contraria a derecho" la forma en que se obtuvieron dichas escuchas, por "vulnerar los derechos fundamentales" de sus representados. Fuentes judiciales señalaron que esta petición es muy común en los juicios por narcotráfico, ya que los abogados tratan de anular la instrucción en su totalidad, partiendo de una supuesta extralimitación en los pinchazos telefónicos.
Los letrados de los acusados en este macrojuicio también recurrieron las "interpretaciones sesgadas" de las pruebas aportadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Fiscal
El fiscal antidroga, Luis Uriarte, se opuso a la impugnación de las escuchas, por considerar que el modo que se obtuvieron están avaladas por el procedimiento judicial. Uriarte entiende además que tanto la investigación como la instrucción del caso se desarrolló con "numerosos indicios concretos y objetivos".
El Ministerio Público da por probado que los acusados formaban parte de una organización criminal, que tenía como finalidad el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, para los que pide penas de prisión que varían entre los cinco y los 27 años, además de multas millonarias.
Las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia han aceptado también, pese a la oposición del fiscal, las pruebas que han presentado algunos de los abogados de los acusados, entre ellas que se tome declaración a los socios de la empresa propietaria de un astillero portugués donde se construyeron unas planeadoras supuestamente utilizadas para el desembarco de la droga, así como informes contables que justificarían las cuentas de algunos de los implicados.
Penas
Las acusaciones se reparten entre narcotráfico y blanqueo de capitales y entre la veintena de acusados se encuentran tanto implicados en dichas operaciones como colaboradores, con diferentes peticiones de pena que se elevan hasta los 27 años de prisión y 604 millones de euros para el cabecilla, Vázquez Roma.
Se les acusa de tratar de introducir la droga en Galicia valiéndose de dos lanchas semirrígidas construidas en Portugal, que una vez descubiertas por Vigilancia Aduanera pusieron rumbo a playas de Bueu y O Grove, donde fueron aprehendidas. La investigación calculó que la droga intervenida podría alcanzar un precio de mercado superior a los 100 millones de euros.
A la vista asistió Carmen Avendaño, conocida activista contra el narcotráfico y presidenta de la Asociación Érguete, quien explicó que lo hacía en apoyo a uno de los imputados, por ser éste una persona ya reinsertada en la sociedad. Avendaño lamentó la demora de los procedimientos como éste, que llega a los juzgados ocho años después de su inicio.
El juicio continuará el lunes día 5, a partir de las 10.00 horas.
