Una de las claves que esgrime la Xunta para sanear la ría es la ampliación y mejora de la depuradora de Placeres, a la que vierten al menos Pontevedra y Marín, parte de Poio e incluso de Vilaboa. Pero sobre esta planta pesan varias incógnitas, en especial por las órdenes judiciales de cierre.
En agosto se conocía una sentencia del Tribunal Supremo, confirmando otra de la Audiencia Nacional que dictaba esa orden, en respuesta al recurso que en su momento plantearon tanto Ence como de la Administración central a la sentencia de la Audiencia Nacional que logró la asociación Salvemos Pontevedra tras denunciar que la construcción de la EDAR y del emisario submarino en este misma zona carecían de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. El texto ratificaba que el Estado tendrá que proceder a la "adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades".
También en agosto se conoció la resolución de Costas que admitía esas anomalías pero descartaba una recuperación de los terrenos por el servicio público básico que suponía la depuradora. De hecho, el Gobierno central y la Xunta descartaron de inmediato dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo al entender que la materialización de este fallo supondría "una irresponsabilidad" medioambiental "para toda la ría", añadiendo que los trabajos previos encaminados a la legalización del recinto ya se han puesto en marcha. Además, se apuesta por la continuidad de esta instalación dentro del plan de saneamiento de la ría
La controversia que genera la EDAR de Placeres se puso nuevamente de manifiesto a finales del pasado año, cuando se conoció la denuncia de la Unión Europea contra el Estado español y Galicia ante el Tribunal de Justicia comunitario por la mala depuración de las aguas residuales en la ría de Pontevedra. De hecho, los mariscadores de Placeres se quejan a menudo de los olores y los vertidos procedentes de esta planta y de otros puntos de la canalización general hacia ella.
