A mediados de marzo pasado una "cumbre" de la Xunta con las cofradías de pescadores, concellos y otras instituciones declaraba prioritario el saneamiento de la ría para acabar con una contaminación que afecta desde hace años a los bancos marisqueros. Más de seis meses después desde el inicio de aquella ronda de contactos, los avances son muy escasos. De hecho, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, explicó esta misma semana en una comisión del Parlamento gallego que la "Consellería de Medio Ambiente, a través de Agua de Galicia ha realizado las actuaciones preparatorias para iniciar los trabajos para elaborar el Plan de Saneamiento Local de la Ría de Pontevedra", es decir, que apenas se han dado pasos en estos seis meses, para diseñar un plan de actuación concreto.

Y eso que la ría de Pontevedra recibe diariamente hasta treinta vertidos contaminantes. Así se admite en un estudio de Augas de Galicia y desvelado en la misma comisión por la propia Susana Rodríguez. Según las informaciones oficiales de la Xunta este departamento llevó a cabo en el litoral "un total de 2.852 inspecciones desde el año 2007 hasta la actualidad, así como 1.500 muestreos con el fin de caracterizar los vertidos e evaluar su gravedad". En el caso de Pontevedra fueron 1.040 las intervenciones. El inventario elaborado a raíz de esos trabajos revela que "en la ría hay 100 puntos de vertido, de los que 70 cumplen los límites de vertido legales y son contaminantes", pero otros treinta sí constituyen focos de polución que acaban en el mar. Se trata, por tanto, de un porcentaje contaminantes del 30%, algo por debajo del índice en la ría de Arousa, donde los vertidos son 299 y 107 de ellos son perjudiciales, un 36% del total.

El inventario de Augas de Galicia apuntado en el Parlamento no especifica la ubicación ni el origen de esos vertidos, ni siquiera a qué municipios corresponden, toda vez que en la ría hay litoral de cinco municipios: Pontevedra, Marín, Bueu, Poio y Sanxenxo. En todo caso, pese a esa relación, las reuniones mantenidas por la Xunta antes del verano no incluían a Bueu ni a Sanxenxo y tampoco se han registrado avances significativos pese a las advertencias de sanción al Estado español por parte de la Unión Europea.

Tras aquellas reuniones preliminares, los trabajos aún se encuentran en una fase "preparatoria para iniciar los trabajos para elaborar" el Plan de Actuación. Las explicaciones de Susana Rodríguez en el Parlamento dejan entrever que desde mayo no se dieron más pasos, ya que ya entonces se entregó a los concellos afectados un protocolo de actuación y aún se aguarda su respuesta, por lo que ni siquiera se ha llevado a cabo la inspección de las redes municipales, primera etapa del citado plan.

Ese protocolo de actuación establecía dos objetivos básicos: por un lado, la optimización para la depuradora de Placeres hasta 2020 y por otro, disponer de una de estas estaciones en Poio, en la otra orilla de la ría, además de resolver las deficiencias de las redes municipales, que la Xunta sitúa como origen de los vertidos a la ría. La Consellería de Medio Ambiente considera estas tres actuaciones como las pendientes dentro del plan de mejora del saneamiento entre los ayuntamientos que vierten a la Ría de Pontevedra. A esos dos objetivos se unía el de completar la red de saneamiento de Marín, en ejecución.

Sin embargo, desde entonces se han registrado novedades judiciales que podrían afectar a esta estructura de trabajo. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo que decreta el cese de actividad de la depuradora de Placeres. El fallo obligaba al Estado a la puesta en práctica de las medidas que estén recogidas en la legislación para proceder a la paralización del recinto. Paralelamente, sigue sin resolverse la ubicación de la planta de Poio, un asunto enquistado desde hace años.

A finales de abril, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, anunciaba que el Plan de Saneamiento Local de la Ría de Pontevedra recibirá el impulso de la Xunta de Galicia gracias a los fondos del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, mediante los que se dispondrá de un total de 133 millones de euros para la ejecución de obras hidráulicas, principalmente en las rías gallegas. Pero se advertía entonces de que los pasos deben darlos los concellos, en especial Pontevedra, con la inspección y mejora de sus redes y colectores, y Poio, entregando unos terrenos para la EDAR.

A la vista de esta situación, la preocupación continúa anclada en el seno de las mariscadoras del fondo de la ría, que llevan años reclamando el saneamiento para superar la catalogación C que afecta a Placeres y a otros bancos. Sobre el estado de estos puntos de marisqueo, Susana Rodríguez subrayó la "lenta recuperación" de la población de berberechos tras la grave mortandad de los últimos meses, así como la "normalidad" de los trabajos de regeneración de bancos.