El gobierno local todavía no tiene constancia oficial de la decisión del fiscal de trasladar al juzgado la denuncia por el caso Elsamex, movimiento que ayer conoció por boca de los medios de comunicación. Su portavoz, Raimundo González, señaló que en este caso "estuvimos defendiendo el interés público y entre otras cosas pueden ver que hay 100.000 euros de diferencia entre el anterior contrato y el actual". "Siempre dijimos que el nuevo contrato iba a encarecer el servicio como así fue en la práctica", señaló González Carballo. "De todas maneras esto todavía tiene que ir a un juzgado, que tiene que determinar si admite o no a trámite esta denuncia de la Fiscalía", explicó.

Recordó que se dieron situaciones similares en ayuntamientos como el de O Barco y que la denuncia acabó siendo archivada. Frente a las "irregularidades" detectadas por el fiscal, Raimundo recuerda que a la hora de prorrogar el contrato a Elsamex "hay una defensa del interés público y el levantamiento de los reparos está reglado". "A veces los técnicos advierten de cosas que no se pueden prorrogar pero hay cosas obvias, tiene que primar el interés público, no podemos dejar de prestar un servicio, ni dejar los jardines a monte, por tanto, aunque a veces los tiempos administrativos se incumplan se limita solo a eso", añadió. "Creemos que no hay ningún tipo de ilícito penal" y confía en el archivo de las actuaciones.