El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, dio traslado a uno de los juzgados de instrucción de la capital el pasado día 1 de este mismo mes de una denuncia contra el anterior gobierno local de la capital por las irregularidades en las sucesivas prórrogas del contrato de mantenimiento de parques y jardines del ayuntamiento de Pontevedra a la empresa Elsamex.
El fiscal da traslado del caso al juzgado en un decreto de cuatro folios en los que, según manifestó el propio Aladro, pide al magistrado que abra una investigación tras detectar una serie de "irregularidades" en estas prórrogas, anomalías que, además, "fueron advertidas por los técnicos" a los representantes políticos encargados de adoptar estas decisiones.
La denuncia de la Fiscalía tiene su origen en otra presentada por el PP de Pontevedra ante el Ministerio Público a finales de noviembre pasado en la que advertía de que el contrato con Elsamex para el mantenimiento de las zonas verdes del concello se firmó en 2006 por un plazo de cuatro años, así como otros dos de prórroga que finalizaron en 2012. El PP aseguraba en su denuncia que desde entonces se vienen acordando prórrogas tácitas del contrato pese a los informes negativos de los técnicos. Ya en los últimos años, el portavoz del PP, Jacobo Moreira, explicaba que desde febrero de 2014 la empresa ni tan siquiera operaba con prórrogas, sino que lo hacía "sin contrato ni nada, simplemente girando facturas mensuales de 35.000 euros al Concello que volvían a encontrar los reparos de los técnicos y que levantaba el alcalde".
La denuncia del PP dio pie a la apertura en enero de este año de unas diligencias de investigación propias por parte de la Fiscalía, que requirió al Concello el expediente completo de contratación con la empresa, así como la lista de integrantes de la junta de gobierno local (conformada entonces por el alcalde y ocho concejales, seis del BNG y dos del PSOE). También citó a declarar como testigos al secretario del Concello, a personal de intervención y a otros funcionarios.
El fiscal explicó ayer que toma la decisión de judicializar este asunto después de examinar la ingente documentación aportada por el Concello (más de cuatro cajas con miles de folios) y tras analizar las numerosas normativas legales que son de aplicación a este tipo de contrataciones públicas. Seis meses después de iniciar esta investigación, Aladro se vio obligado a solicitar una prórroga de seis meses ante la Fiscalía General del Estado al no poder finalizar las diligencias antes del plazo establecido y que es también de medio año. Una prórroga que le fue concedida. Ahora, finalizada su labor, insta al juzgado a que abra una investigación. Si el juzgado accede, algo que parece muy probable, esta decisión podría abrir la puerta a que algunos de los miembros del anterior gobierno local pudieran ser citados a declarar al edificio judicial de A Parda en calidad de imputados.
Posible prevaricación
Sobre el delito investigado, Juan Carlos Aladro se limitó a señalar que se trata de un delito contra la administración pública, mientras que según la agencia Efe, el delito concreto que estaría siendo investigado sería el de prevaricación. El fiscal jefe evitó personalizar su denuncia y generalizó al indicar que se dirigía contra todo el gobierno local.
Antes de acudir a la Fiscalía, el PP también había llevado el caso ante el Valedor do Pobo que respaldó a los populares y emplazó al gobierno local a cesar con esta situación y convocar un nuevo concurso. Poco después de la denuncia de los populares ante el Ministerio Público y de que la Fiscalía anunciase que abría diligencias de investigación penal, el gobierno local convocó un nuevo concurso para el mantenimiento de parques y jardines de la que resultó adjudicataria la empresa Cespa. Concurso al que también se presentó Elsamex, aunque sin éxito.
