Nació con el objetivo de ejecutarse a lo largo de cuatro años, desde 2013 hasta 2016, pero a estas alturas el Plan Estatal de Vivienda con el que se financiará el primer proyecto de rehabilitación integral del casco viejo todavía no se ha materializado. Aunque el Concello conoce desde julio pasado los fondos que se destinarán a la mejora de un centenar de viviendas (algo más de dos millones de euros), el convenio para su transferencia aún no se ha firmado, y los trámites que son necesarios antes de iniciar las obras pone en la cuerda floja muchos de los proyectos.
Esas rehabilitaciones deben estar ejecutadas y justificadas en diciembre de 2016, por lo que los propietarios únicamente dispondrán de un plazo de un año, un 25% del periodo inicial, para su realización. Este drástico recorte no solo pone en peligro la viabilidad de gran envergadura, como reformas integrales de edificios, sino que puede echar atrás a muchos interesados en un principio.
El concejal de Patrimonio Histórico, Luis Bará, cuyo departamento dirige este proceso, confía en que el convenio se firme a lo largo de este mes o en octubre como muy tarde, siempre antes de las elecciones generales. A partir de ahí aún habrá que elaborar las bases de las convocatorias de ayudas y seleccionar los proyectos definitivos, con la premisa de que sean viables y rápidos. Por ello, aunque en su día se elaboró un listado de propietarios interesados, que suman más de 180 viviendas, tendrán finalmente prioridad aquellos proyectos que estén más avanzados, como disponer ya de la documentación técnica e incluso de la licencia, para que dé tiempo a su ejecución a lo largo de 2016.
El centro histórico fue declarado Área de Rehabilitación Integral (ARI) por la Xunta en octubre de 2012, pero hasta julio pasado, casi tres años después, no se supo con qué fondos contará. Además de la premura de plazos, se produjo un gran recorte de financiación. Frente a los seis millones de euros del diseño inicial con el fin de actuar en 48 edificios y 187 residencias, la cifra final es de algo más de dos millones de euros, 1.784.681 de fondos públicos y algo más de millón aportado por los propietarios. Esta reducción obliga a rebajar al menos a la mitad las previsiones iniciales, de modo que lo máximo para actuar en 2016 son 27 inmuebles, que incluyen un centenar escaso de viviendas. Todo apunta a que se tratará de restauraciones parciales en fachadas, cubiertas, carpintería exterior y servicios interiores, y se descartan o aplazan las grandes rehabilitaciones integrales, con presupuestos muy elevados.
De este modo lo que Pontevedra recibirá del plan estatal de vivienda son 2.148.924 euros, de los que Fomento aporta 730.000, el Concello otros 322.000 y los particulares algo más de un millón de euros. En esa cantidad global se incluyen las obras de carácter público que pretende acometer el Concello en el centro histórico. Inicialmente el gobierno local había elaborado un plan de actuaciones que superaba el millón de euros, pero la cuantía final se ha quedado reducida a 228.867 euros, lo que obliga a limitar estas obras a la reforma de dos calles, Pratería Vella (92.600 euros) y Tristán de Montenegro (88.700) y a actuar en el vallado perimetral y la iluminación de los restos arqueológicos de García Escudero (47.600 euros).
