El servicio de Intervención Xeral del Concello de Pontevedra advirtió al alcalde, Miguel Lores, de las irregularidades con las que se viene pagando a la empresa que gestiona los "camiños escolares", con contratos de hasta 21.533,16 euros. Los juristas exponen que no se puede fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o el concurso público que corresponda. Explican además que estos contratos superan dentro del ejercicio económico el importe máximo de un contrato menor: 18.000 euros más IVA. En su informe, el interventor observa que este gasto viene repitiéndose de ejercicios anteriores, lo que supone en la práctica un fraccionamiento irregular del gasto.
Son algunos de los reparos presentados por el servicio de Intervención municipal a la adjudicación de los "camiños escolares", que el alcalde, dentro de sus potestades, decidió levantar para aprobar los pagos.
Se trata de los senderos para que los niños acudan al colegio caminando, que en principio iban a ser gestionados por voluntarios: padres, abuelos y personas interesadas en colaborar con la seguridad viaria de los pequeños. Al menos así se presentó en el año 2010 por sus promotores, la Concellería de Seguridade Ciudadana de Pontevedra. Pero lo cierto es que el servicio se ha contratado a una empresa privada, en unas condiciones que los técnicos municipales no legitiman.
El reparo formulado en noviembre de 2014 por la Intervención Municipal explica que el último contrato, de 21.533,16 euros, se tramitó como contrato menor, pero se sumaba a otras contrataciones anteriores "de objeto y prestaciones coincidentes", que superan el máximo legal permitido para un contrato menor.
Por otra parte, el informe indica que no resulta sencilla la planificación ni la previsión de costes del servicio contratado, ya que la asignación de los monitores que ayudan a los chavales a cruzar la calle es variable. "De un curso para otro hay rutas que se pierden, usuarios que se ganan o pierden y, de hecho, "al principio de este curso disminuyó el número de monitores con respecto a finales del curso pasado", como apunta el informe.
Además, "la finalidad del proyecto era que sea la propia comunidad escolar quien se haga cargo gratuitamente de la protección de los niños; de hecho a comienzos de curso hubo un intento bastante serio de hacerlo en el colegio Froebel", argumenta el informe del interventor. También recuerda que en el caso de Monte Porreiro la actividad es gratuita, ya que corre a cargo de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos y la Asociación de Vecinos del barrio. Modelo que "es el que se pretende", y al que "no se renuncia".
"Por estos motivos entiendo que no deben hacerse contrataciones a largo plazo al ser el servicio, y de hecho está ocurriendo, susceptible de modificación en cuanto al número de personas necesarias, puntos de control, etc., en cuestión de pocos meses", añade el interventor.
Recibido el informe negativo a dicho contrato, el alcalde resuelve solventar las discrepancias y aprueba el gasto.
Este es solo uno de los 285 reparos de los funcionarios y técnicos municipales que han recibido las actuaciones del gobierno de Miguel Lores en 2014 y que el Partido Popular ha denunciado.
