La xunta de goberno local aprobó una congelación de las tasas e impuestos municipales para el año 2016. Se trata de una congelación de tributos locales que el Concello de Pontevedra aplica por segundo año consecutivo ante la situación económica general, según explicó la viceportavoz del gobierno local, Anabel Gulías.
Impuestos como el IBI, IAE, circulación de vehículos, alcantarillado, obras y hasta un total de 27 ordenanzas fiscales se benefician de la medida "para reducir la presión fiscal en los contribuyentes, especialmente importante en esta situación de crisis casi endémica", indicó la edil nacionalista.
Sin duda se trata de una "buena noticia" para los pontevedreses, añadió Gulías, que "en estos últimos años han sufrido recortes e incrementos impositivos por parte de otras administraciones, especialmente las del Estado y de la Xunta, políticas contra las que siempre se reveló el gobierno local".
La portavoz del Concello indicó que la política dictada en estos últimos años por el gobierno de Pontevedra fue la de congelar o incrementar lo mínimo posible las tasas e impuestos municipales para evitar de este modo la carga sobre los ciudadanos; y "frente a políticas simplistas", apostar por la "depuración de los padrones y la lucha contra el fraude en muchos de los impuestos, por lo tanto una apuesta por la eficiencia de la gestión económica municipal".
Universidad
En este sentido, también ayer la xunta de goberno local aprobó la modificación de la ordenanza del IBI en relación al cobro a las instalaciones universitarias (las escuelas y facultades de la ciudad), para aplicarles hasta un 95 por ciento de bonificación -siguiendo las últimas modificaciones legales-, una decisión que llega después de varios meses de negociaciones y que se plasmará en los próximos días con la firma de un convenio.
Según los datos catastrales, la Universidad tendría un recibo de unos 125.000 euros.
Concello de Pontevedra y Universidad de Vigo mantenían un "desacuerdo" en la imposición del IBI, como admitió ayer la portavoz del gobierno local.
Desde 2013 el Concello reclamaba a la Universidad de Vigo el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 que sumaban, según los cálculos municipales, algo más de 80.500 euros.
En cambio, la institución, que llevó el asunto a los tribunales, alegaba que sus instalaciones educativas están exentas de abonar ese impuesto. El gobierno local, reconociendo la existencia de esta exención, sostenía, por contra, que esos beneficios no se extienden a los recintos que no son educativos, como pabellones deportivos, comedores u otras instalaciones parecidas.
Pese a las constantes negociaciones entre ambas partes, no se llegó a un acuerdo al respecto hasta que una sentencia judicial obligó al Concello a entrar en el fondo de un recurso administrativo formulado por la Universidad y que había sido rechazado sin más. La resolución del juzgado tampoco analizaba si el Rectorado debe pagar o no, que es la base de la discusión.
El cobro del IBI a las universidades públicas es un asunto espinoso en el que se entremezcla diversa normativa, desde la Ley Orgánica de las Universidades (LOU) hasta la Reguladora de Haciendas Locales, pasando por la de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
El IBI es un impuesto en el que el Concello ha puesto sus ojos en los últimos años con el fin de elevar sus ingresos. Para ello, además de pleitear, sin éxito con la autopista, también se ha puesto en marcha una inspección del padrón que ha detectado una importante bolsa de fraude, con numerosas propiedades que no están dadas de alta o lo hacen con deficiencias.
