Diputación Provincial y Concello de Pontevedra encabezan un frente común de rechazo a la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa el complejo industrial Ence-Elnosa en el litoral pontevedrés. Los responsables de ambas administraciones, Carmela Silva y Miguel Anxo Fernández Lores, anunciaron una colaboración institucional para tratar de impedir la consolidación del complejo en la ría. Es la primera vez que institución provincial va de la mano del Concello de Pontevedra en este asunto.

Solicitarán la salida del complejo fabril de la marisma de Lourizán en dos frentes; a través de las instituciones, reclamando a la Xunta de Galicia un informe desfavorable a la prórroga de la concesión de Ence y a la Autorización Ambiental Integrada de Elnosa y al Gobierno un pronunciamiento contrario a la permanencia más allá de 2018, y también instando a otras entidades sociales a manifestar su rechazo a la permanencia.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, declinó pronunciarse sobre el tema ("aunque como ciudadana tengo mi criterio", matizó), antes de analizar el tema con el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, "siguiendo con la nueva política de hablar con los alcaldes de aquellos temas que les afectan directamente". También estuvo presente el vicepresidente provincial, el nacionalista Cesar Mosquera, en una reunión tras la que reiteraron la visión de ambas administraciones de que Ence-Elnosa "debe desaparecer de la ría, hay que proceder a su traslado y eso se tiene que producir cuando finalice la concesión en el año 2018".

Lamentó Carmela Silva que el PP haya aprobado leyes que "posibilitan que se pudiese ampliar esa concesión".

Informes

La Diputación planteará en las próximas semanas a la Xunta que haga uso de sus competencias en ordenación del territorio y emita un informe desfavorable a la prórroga de Ence "por ser incompatible con las determinaciones legales". Otro tanto se solicitará para Elnosa, concesión "anulada por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y declarada improrrogable su actividad", recordó antes de recordar que supone "una amenaza para la seguridad de la población de la ría de Pontevedra".

Elecciones generales

Tanto Silva como Lores criticaron que el Gobierno central trate de agilizar esta autorización a tres meses de unas elecciones generales, con el objetivo de "hipotecar el futuro de la ría por más de un siglo", apuntó el alcalde.

Subrayaron además que esta lucha social e institucional que ahora emprenden puede ser "la última oportunidad" para trasladar a Ence y Elnosa de la ría, tras más de medio siglo de concesión.

Carmela Silva se mostró especialmente molesta por lo que socialistas y nacionalistas consideran una maniobra in extremis del Partido Popular, que ha cambiado su opinión sobre la ubicación de Ence-Elnosa, para "blindar" el complejo en su actual ubicación al margen de la opinión de la mayoría social.

"No tiene sentido, no es serio ni riguroso ni sería aceptable que un gobierno tomase ahora una decisión", destacó, resolución que a su juicio corrresponde al nuevo gobierno surgido de las urnas "ya que es para mucho tiempo", extremadamente compleja "y afectaría mucho a la ría durante largo tiempo".

En otro momento de su comparecencia la presidenta provincial reiteró que el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy "no puede tomar decisiones cuando en diciembre se va a ir; por cierto, estoy particularmente segura de que se va para no volver y por tanto será otro gobierno el que tenga que tomar estas decisiones". Se mostró convencida de que ese nuevo equipo "tendrá una sensibilidad ambiental que éste no tiene".

Los 14 miembros del gobierno provincial suscriben esa moción conjunta para exigir que Xunta y Gobierno central aclaren sus posiciones. Más allá de este frente político inicial, se buscará implicar en esta ofensiva a otros ayuntamientos de la ría y de la provincia y a colectivos ciudadanos.

"Presión positiva"

La presidenta de la Diputación se mostró favorable a ese segundo frente de intervención. Se refirió en este sentido a una "presión positiva para llegar a una negociación" sobre un tema que, añadió, es "un objetivo justo... Son industrias altamente contaminantes y haremos todas aquellas actividades, movilizaciones, reuniones y presentación de iniciativas en concellos, el Parlamento gallego, el de España, el Congreso y el Senado, porque no tenemos demasiado tiempo, hasta diciembre, y hay que agilizar toda la actividad política para conseguir este objetivo".

Silva insistió en que "ya no vivimos en siglo XVIII o XIX, vivimos en el XXI y todo lo que es la sensibilidad ambiental tiene que estar en la agenda política" antes de volver a señalar que "haremos todas las movilizaciones que sean necesarias, este no es un tema que se trata de pasada, estará permanentemente encima de la mesa.

A propósito de si estaría dispuesta a trasladar esta visión directamente a las empresas del complejo fabril, el comité de empresa o los industriales que defienden la permanencia, Silva mostró toda su disposición a reunirse con ellos.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, recordó que en 1988, a través de la ley de Costas, se dio un ultimátum a estas empresas para abandonar los terrenos que ocupan en el plazo de 30 años (que expiraría en 2018) y afirmó que el intento del Partido Popular por consolidar el complejo industrial en la boca de la ría es "un atentado contra Pontevedra, su desarrollo y la calidad de vida de sus vecinos".

Tanto la Diputación de Pontevedra como el Concello aprobarán una moción en la que se insta a la Xunta de Galicia a emitir informe desfavorable sobre la prórroga de Ence, "por ser incompatible con las determinaciones del Plan de Ordenación do Litoral (POL) y de las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT)".

Piden además la cancelación de la Autorización Ambiental Integrada de Elnosa, anulada por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y que se declare improrrogable su actividad y situación, por ser incompatible con el POL, con las DOT, "y una amenaza para la seguridad de las poblaciones de la ría de Pontevedra".

Acuerdo

En su acuerdo, la Diputación instará al Gobierno central a no prorrogar la concesión de Ence, ni de Elnosa, "por significar una injerencia en las competencias de la Xunta de Galicia en Ordenación del Territorio y perpetuar por décadas este complejo, y a no adoptar ninguna decisión definitiva sobre estas prórrogas antes de la constitución del próximo gobierno del Estado".

Por su parte, el alcalde Lores no descarta la convocatoria de una gran manifestación, una vez se exponga la iniciativa a todos los interlocutores sociales y gobiernos municipales de la ría. En este sentido recordó que pese al nuevo posicionamiento del PP sobre la ubicación de la pastera, "una gran mayoría social" rechaza la perpetuación de este asentamiento en la costa pontevedresa, que hipoteca el desarrollo y la calidad de vida de los vecinos de la ría.

Ofensiva

"Es urgente retomar una ofensiva institucional, política y social" contra la continuidad del asentamiento industrial -afirmó Lores-, dado que el tiempo apremia ante la celeridad con la que el gobierno del Partido Popular trata de prorrogar la concesión administrativa del terreno que ocupan estas industrias.

Por otra parte, el alcalde indicó que es responsabilidad de la empresa proteger los puestos de trabajo y recordó que tuvo treinta años para preparar el traslado que ahora apremia.

El equipo de Lores iniciará contactos con los gobiernos municipales y colectivos sociales de Pontevedra para retomar la movilización social contra el asentamiento industrial de Lourizán.

Además, el regidor descartó volver a recibir a los representantes de Elnosa porque "ya los recibí en su día y ya les expliqué nuestra postura: que queremos que se marchen de ahí cuanto antes".

Lores recordó que el presidente Fraga no quiso incluir a Elnosa en el plan de incidencia supramunicipal que le aplicó a Ence, porque había un consenso absoluto sobre la necesidad de que la química abandone el asentamiento actual. Incluso la anterior Consellería de Medio Ambiente firmó un protocolo con la clorera para iniciar el proceso de deslocalización.

"Se hizo antes en muchas otras ciudades y uno de los mejores ejemplos es el de Bilbao, y nosotros no somos menos, los vecinos de la ría de Pontevedra tienen derecho a desarrollar su territorio en condiciones razonables", añadió Lores quien hizo un llamamiento a la ciudadanía a "manifestar su oposición al atentado que supondría la prórroga de la concesión de Ence y Elnosa en nuestra ría".