El gobierno local va a iniciar el proceso de licitación del derribo de los chalés de Dorrón cuyos trabajos tendrán un coste de 55.000 euros. Estas viviendas resultaron polémicas al ser construidas a escasos metros del cementerio.
Señala el ejecutivo que "es la primera consecuencia de una herencia urbanística que impide al cuatripartito iniciar de forma inmediata una forma diferente de trabajar en el Concello". Subraya que a pesar de que varios de los grupos que conforman el actual equipo preguntaron en reiteradas ocasiones al anterior gobierno quién tenía que derribar los chalés de Dorrón no recibieron nunca una respuesta clara, como consta en las actas de varios plenos celebrados este mismo año.
Sin embargo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo resolvió ya en mayo de 2014 el último recurso presentado por el Concello y en esa misma fecha comenzó a requerir a la administración local que cumpliese su obligación de derribar las cuatro viviendas, aisladas e inacabadas, levantadas frente al cementerio. Pasado un año, la jueza advierte que la inacción prolongada podría derivar en otro tipo de consecuencias.
El juzgado apremia la demolición y advierte de que no admite más demoras y para el grupo de gobierno es prioritario acatar las decisiones judiciales. Por ello, ha iniciado ya el proceso de licitación de los trabajos.
El proyecto técnico de demolición, elaborado por una arquitecta externa a la plantilla municipal y entregado el pasado mes de octubre, fija en 55.000 euros el coste del derribo, por lo que los servicios de Intervención municipales han procedido ya a la retención de crédito necesaria para acometer con urgencia esta obra, habilitando además una partida de 2.117,50 euros para asumir el coste de dirección de obra facultativa del proyecto de demolición.
La valoración había sido solicitada ya por el anterior ejecutivo y el grupo de gobierno ha acelerado la resolución de una obligación que tendría que haber sido ejecutada hace ya más de un año.
Y es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, en una sentencia dictada el 2 de febrero de 2011, dice textualmente que "es el Concello el obligado a la ejecución de las obras de derribo de las viviendas construidas al amparo de las licencias anuladas en la sentencia y ordeno requerir a la Alcaldía para que, de no haberse producido ese derribo, lo complete en el plazo máximo de dos meses desde esta resolución".
La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ratifica en un auto con fecha de 18 junio de 2014 el contenido de la sentencia, en lo que al derribo se refiere, toda vez que el Concello inició un proceso judicial para derivar la responsabilidad en la demolición sobre la promotora.
"Este expediente corresponde a unha época lamentable que queremos deixar atrás pero, por desgracia para os veciños de Sanxenxo, continúa xenerando un quebranto económico para as arcas municipais", apuntan desde el grupo de Gobierno, que en los próximos días pondrá en conocimiento del Juzgado este primer paso dado por el ejecutivo que preside Gonzalo Pita para dar cumplimiento a la sentencia.
