Los seis usuarios caldenses del centro ocupacional O Saiar ultimaban esta semana el recurso de alzada que presentarán ante la oficina de valoración de la Dependencia y Discapacidades de la Xunta. De esta forma presentan la alegación contra el copago impuesto para el próximo curso por la administración autonómica, después de hacer efectivo el aviso realizado hace dos años, en el que se acordó situar en no más de 50 euros mensuales las tasas, una cifra que está muy por debajo de las tarifas que estableció este verano la consellería de Traballo e Benestar.

Realizada por los servicios jurídicos del concello de Caldas, se trata del mismo modelo de recurso de alzada que presentarán otros usuarios afectados del centro procedentes de los municipios de Vilagarcía (de donde procede la mayoría de los estudiantes del centro para discapacitados psíquicos), así como de Barro, Moraña, Cambados, A Illa, Vilanova y Pontecesures.

Las alegaciones hacen hincapié a la necesidad de apelar a un argumento "no estrictamente jurídico, por la inmoralidad y la falta de humanidad que fundamenta el acuerdo adoptado" con el que se pretender cargar a los usuarios con parte del coste de un servicio público. Incide en que esto no es una "gracia, sino un derecho".

Así, recuerdan la necesidad por parte de los usuarios de "acudir al auxilio público" por falta de "medios económicos para atender debidamente las necesidades de dependencia" en relación a las rentas mensuales reconocidas de los afectados. Además señalan que "existe una persona que tiene una discpacidad que requiere una atención especial, cuyo coste desborda cualquier posibilidad de afrontarla" por parte del usuario.

Manifiestan que la exigencia de copago a una persona que dispone de una renta exigua, "condena a esta persona a una marginalidad todavía mayor y le sitúa en riesgo de exclusión social" y matiza si muchos no se encuentran en ese estado por tener una renta de apenas 600 euros mensuales.

"No puedo dejar de pensar que quizás el problema es que personas que ganan sueldos superiores a los dos mil o tres mil euros no pueden asumir con la necesaria perspectiva, la situación imposible en que me coloca esta exigencia de copago y, por lo tanto, creo que están incapacitados para legislar sobre este tema y para resolver expedientes", señala la alegación. Además señalan que "si durante seis meses tuviesen que vivir con una renta de 600 euros, incluso sin tener un dependiente a su cargo, no tendrían valor para dictar normas ni acuerdos como el que se le impugnan".

En el escrito del recurso de alzada piden a los responsables "una reflexión profunda" sobre el mensaje que transmite a la sociedad cuando se están "fusilando a padres a los que la suerte ha querido que sus hijos tengan unas necesidades de atención mas exigentes de lo que se puede considerar normal". Indica que si la administración no ayuda en estos casos de dependencia "poco pueden esperar otras personas con circunstancias más favorables" .

Argumentación jurídica

Al margen la exposición moral, el escrito presenta una segunda parte en la que se expone jurídicamente las causas contra el copago. Así, se señala que se estaría faltando a la verdad al dictar el acuerdo como "algo impuesto" por el consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención de la dependencia.

En este caso, se ponen como ejemplo otras comunidades autonómicas como la andaluza o la asturiana que "priman la atención al ciudadano" y que mantiene la gratuidad de servicios como el que motiva el recurso promovido por el Anpa del centro ocupacional O Saiar y los concellos con afectados, donde se aprobaron mociones en el que se insta a la Xunta a dar marcha atrás al Copago y mantener la gratuidad del servicio.

Señala que el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de julio de 2012 "remite a la capacidad económica del beneficiario como criterio esencial para determinar su participación en el coste del servicio", lo que determina un máximo de participación del coste, pero no un mínimo, incluyendo por tanto, la posibilidad de gratuidad del mismo. Además deja abierta la puerta a las autonomías de incrementar su participación.

"Lo que está haciendo la administración gallega es precisamente acogerse a dicha posibilidad de incrementar la participación de personas en los gastos derivados de servicios de dependencia", por lo que no consideran una imposición legas sino "discrecional", que busca una reducción de gasto a costa de personas que se encuentran en "una situación de mayor desamparo".

Desde la Xunta, habían criticado la postura del Anpa de oponerse al copago debido a que el de O Saiar sería el único centro de estas características en Galicia que era gratuito. "De no aplicarse el copago existiría una situación de privilegio y de insolidaridad con respecto al resto", señalan fuentes de la consellería de Traballo e Benestar. Reiteran además que el copago "no es nada inventado" y señalan a que lleva operativo desde los años 80, aunque por problemas burocráticos, no se aplicó en O Saiar hasta ahora.