El gobierno local de Pontevedra anunciaba el lunes que probablemente acudiría a la Justicia con la interposición de un recurso Contencioso-Administrativo, si Costas finalmente no declaraba la caducidad de la concesión de Ence en el expediente abierto actualmente en cumplimiento de una sentencia del Supremo. Ayer, el presidente de la Asociación Pola Defensa da Ría, Antón Masa, confirmaba que este colectivo también acudiría a la jurisdicción de lo Contencioso en el caso de que el resultado de este expediente permitiese continuar a Ence en la Ría.

Lo hacen convencidos de que existen "motivos claros" para determinar la caducidad de la concesión al no cumplirse las condiciones para las que fue concedida la misma. Unos incumplimientos que reiteran en las alegaciones presentadas al último informe de Costas y que viene a decir, básicamente, que salvo el campo de fútbol de Lourizán el resto del complejo industrial se podría legalizar. Para Defensa da Ría está claro, por ejemplo, que Ence fabrica energía con una planta de cogeneración en Lourizán, mientras que la concesión recoge únicamente como actividad industrial la fabricación de pasta de papel, según explicó ayer su presidente, Antón Masa.

Masa fue uno de los directivos de la APDR que ayer se entrevistó con la jefa provincial de Costas del Estado, Cristina Paz Curbera, para pedirle, entre otras cuestiones, que este departamento conteste a todos los motivos de caducidad de la concesión que alegan los colectivos y concellos contrarios a la continuidad de Ence en Lourizán. Concretamente, Masa insiste en que las condiciones que regulan la concesión de Ence en Lourizán indican que el complejo fabril nunca podría realizar emisiones superiores a 20 partes millón de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y la APDR asegura que se han rebasado estos límites, por lo que "este es un dato objetivo que sería motivo de caducidad de la concesión". Sin embargo, Antón Masa explica que la última resolución de Costas no aborda esta posible causa de caducidad, que queda sin contestar. Según explican, Paz Curbera se comprometió a trasladar a Madrid que, cuando se resuelvan las alegaciones,den contestación a este motivo que para la APDR es, junto a otros, "causa clara" de caducidad de la concesión. También reclaman como obligatorio que el Consejo de Estado emita un informe que no es vinculante pero sí se debe tener en cuenta a la hora de resolver el expediente.