La conselleira de Mar, Rosa Quintana, defendió en Marín la eliminación paulatina de los descartes, es decir, de la práctica de devolver al mar las capturas de pescado no deseadas. La intención es que los desembarques lleven medidas que preserven "los objetivos sociales, económicos y ambientales de la actividad pesquera sin conducirla a la quiebra", indicó Quintana en la apertura de una jornada sobre la aplicación práctica de la política de descartes que se celebró ayer en la Autoridad Portuaria de Marín.

La responsable de Mar se refirió así a las medidas que están en vigencia desde el pasado mes de enero en un acto en el que coincidió con la alcaldesa de Marín, María Ramallo; el director general de Recursos Pesqueros, José Miguel Corvinos; el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa; y Juan Carlos Martín Fragueiro, responsable de Opromar, entidad organizadora del evento. En su intervención, Quintana señaló la "voluntad positiva" que tiene la eliminación de los descartes e hizo especial hincapié en la dificultad de su puesta en práctica en la actividad diaria del sector pesquero. En ese sentido, explicó que obligación de evitar los descartes no está en discusión pero que "las discrepancias aparecen cuando la aplicación práctica de esa nueva medida". La conselleira nombró "carencias, contradicciones y falta de mecanismos adecuados para su control", así como la escasa documentación que avale la situación real sobre las especies devueltas al mar.

En ese sentido, señaló que se deben evitar que las reglas sean dispersas, difíciles de "interpretar, controlar e imponer". También señaló la "discrepancia e incoherencia" entre la prohibición de los descartes y la estabilidad relativa. Así, se refiere al sistema de cuotas establecidos hace más de 30 años, que establecía las asignaciones en función de las capturas históricas para consumo humano y no incluía las destinadas a harinas y a aceites de pescado. "Este criterio que se mantiene, fue concebido para una actividad pesquera con descartes", indicó Quintana.

Por otro lado, la conselleira reclamó que se tuviera en cuenta la situación que se da con esta normativa para la pesca de bajura o a pequeña escala, que está integrada en Galicia por 3.800 buques y 5.440 tripulantes y cuyo desembarco representa el 22% del total descargado en la comunidad autónoma.

"La importancia de esta flota de bajura es enorme para las poblaciones costeras y esta se ve directamente afectada por la obliga de los desembarques, a pesar de su limitado esfuerzo e impacto en los descartes", indicó Quintana. En ese sentido, recordó la demanda realizada en el Parlamento Europeo para que se opte por un régimen diferenciado para la gestión de la prohibición de los descartes en estas flotas.

Selectividad de las artes

Por su parte, Suárez Costa se refirió a los nuevos retos a los que se enfrenta la flota gallega con esta nueva medida, "como el de mejorar la selectividad de las artes de pesca invirtiendo en innovación y sostenibilidad". Se mostró optimista al ser el pesquero un sector "acostumbrado a los retos" y confía en se convierta "esta dificultad en una oportunidad".