Cada día una media de 32 personas acuden a los juzgados o al Colegio de Abogados de Pontevedra para solicitar el servicio de justicia gratuita. El año pasado, esta entidad tramitó un total de 11.853 peticiones por parte de la ciudadanía o de los propios tribunales de los que un porcentaje muy elevado (un 73%) fueron aceptados por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, es decir, que cumplían los requisitos para acceder este servicio que garantiza la igual de todos los ciudadanos ante la ley y el derecho a una tutela judicial efectiva.
La cifra de solicitudes presentadas se muy similar a la del año anterior, cuando se presentaron apenas 53 peticiones más para acceder a un abogado de oficio. Tanto 2013 como 2014 son años de récord que serán recordados por el mantenimiento en vigor de la ley de tasas judiciales. Unas tasas que estaban exentos de abonar los beneficiarios de la Justicia Gratuita de ahí desde su entrada en vigor aumentasen de forma notable el número de solicitudes para aquellas jurisdicciones en las que era necesario pasar por caja (todas salvo el orden Penal).
Una ley de tasas recientemente derogada para las personas físicas y que hace presuponer que en este 2015 las cifras en dichos órdenes jurisdiccionales volverán a cifras más habituales. El orden Civil sigue siendo el que acumula un mayor número de solicitudes de abogados de oficio (con 2.947), seguido del orden de lo penal (con 1.160) el Contencioso-Administrativo (con 160) y el Laboral-Social (con 104).
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Después de los problemas por el retraso en la tramitación de expedientes que casi desemboca en una huelga de los abogados de oficio, desde el Colegio de Pontevedra reconocen que "se hizo un importante esfuerzo por la Comisión Provincial para poner al día los expedientes atrasados, desde luego, esfuerzo que hay que reconocer". Sin embargo, explican que siguen trabajando "en la línea de unificar criterios entre las siete comisiones de Galicia, para que no haya injustas diferencias de tratamiento a los administrados, dependiendo en función de donde vivan".
Deuda de la Xunta
A nivel autonómico y a través del Consello da Avogacía Galega, se está tratando de que la Consellería de Xustiza se ponga al día en el pago de la deuda (desde 2012) con los colegios de abogados, por los gastos de infraestructuras que por ley viene obligada a sufragar por la tramitación de la justicia gratuita. En el caso de Pontevedra, estos gastos supusieron un total de 112.000 euros. Sumados a los 1,4 millones certificados por las asistencias del turno de oficio, los 422.120 euros de los importes de asistencia letrada y guardias y los 47.667 de la asistencia a víctimas de violencia de género, supone que mantener el servicio de justicia gratuita en Pontevedra tuvo un coste de casi dos millones de euros el pasado año en el área del colegio pontevedrés.
