Los funcionarios del Registro Civil alertan de que su "privatización afecta a datos sensibles"

El personal protagoniza una nueva concentración ante el edificio judicial de A Parda contra el "cierre de 315 oficinas para limitarlas a cinco en Galicia" y-recibe el respaldo del alcalde

20.03.2015 | 03:30
Concentración de ayer a las puertas del edificio judicial de A Parda. // G. Santos

El personal del Registro Civil de Pontevedra, al igual que el resto de oficinas de Galicia, prosigue sus movilizaciones contra la "privatización" de esta actividad, que implica, según sus advertencias, su desaparición como servicio público para pasar a manos de los registradores mercantiles, "que no son funcionarios".

Los afectados, que señalan que sus protestas no se refieren a demandas laborales o salariales de los trabajadores sino a "la defensa de un derecho ciudadano", se concentraron ante el edificio judicial de A Parda, al mismo tiempo que una representación sindical se entrevistaba con el alcalde, Miguel Fernández Lores, que expresó su apoyo a la reivindicación. Lores señaló que "Pontevedra no perdería el servicio, ya que quedaría aquí, pero los ciudadanos tendrán que pagar por algo que ahora es gratuito, y obligará al resto de vecinos de la provincia a acudir a la capital o a Vigo, algo que no es de recibo".

Por su parte, todos los sindicatos presentes en el encuentro dejaron claro que los Registros Civiles manejan "información sensible, delicada y restringida" de los ciudadanos, no solo en lo que se refiere a las bodas, nacimientos o defunciones, sino también a "adopciones, cambios de sexo o divorcios", información que estará "en manos privadas".

Señalan que en la actualidad cada concello o juzgado de paz ejerce estas funciones, pero con su desaparición se pasará de 315 puntos en Galicia a cinco", en las ciudades donde ahora hay Registros Mercantiles.

Insisten en que se trata del "trasvase de un servicio público a manos privadas sin justificación alguna, ya que el Registro Civil es el departamento menor valorado de la administración de justicia, con un 85% de satisfacción de los usuarios". Además apuntan que "en su día el Estado invirtió 128 millones de euros en su total informatización, que ahora se quiere entregar a los privados, que además imponen las condición de que también se digitalicen los datos anteriores a 1950, es decir, más gastos públicos para su beneficio". También alertan de que los ciudadanos tendrán que pagar unas tasas "que podrían llegar a 400 euros".

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