La Iglesia reitera su apoyo al sacerdote de Lérez y cuestiona el proceder de la aseguradora Alianza y Barros en la polémica del entierro de un vecino de esta parroquia el pasado fin de semana. El vicario episcopal territorial de Pontevedra, Calixto Cobo, reitera la necesidad de los sacerdotes del rural de cobrar en efectivo porque luego "son ellos los que tienen que pagar, entre otros, a los campaneros". Subraya que es ésta la "única empresa que pone problemas" al abono en efectivo y se pregunta "¿qué problema tiene?" para no hacerlo: "¿Acaso tiene el cura que actuar como banquero y adelantar dinero?".
"Solo hemos tenido problemas con esta funeraria, con ninguna de las otras aseguradoras nos ha pasado esto", exponía ayer este responsable eclesiástico. Incide en que "los curas necesitan el dinero" para el oficio de funerales y entierros, y explica que lo que puede resultar una práctica sencilla para aquellos que prestan servicio en ámbitos urbanos, resulta un contratiempo en las parroquias. "Un cheque implica tener que acercase a la ciudad para cobrar y con una transferencia pueden pasar varios días hasta que el dinero llega al cura", justifica sobre la petición del sacerdote de Lérez de cobrar en metálico.
Cobo indica que "cuando se pide un servicio religioso se deben aceptar las condiciones por las que se rigen los párrocos y no al revés, con la imposición por parte de la funeraria". Tras ello cuestiona: "¿O es que la funeraria no indica a los asegurados el medio de pago de sus cuotas? ¿O es al revés y se impone el criterio de los asegurados?". El vicario, además, afea las declaraciones vertidas desde la empresa en las que se dejan entrever acusaciones de supuestas irregularidades económicas. "Es legal pagar en efectivo, por cheque, transferencia o tarjeta, ¿qué problema tiene esta funeraria para no pagar en efectivo? ¿No tiene liquidez y quiere que un cura haga de banquero suyo en el acto adelantando lo que no tiene al campanero, organista, etc.?", expone.
En este sentido desde la Iglesia niegan irregularidad alguna: "Pero, ¿a quién se le ocurre juzgar como opaco fiscalmente el pago en metálico si se firma un recibo o un justificante?". Se agrega, además, que "los sacerdotes, como ciudadanos, cumplen sus deberes fiscales". Cobo recurre, además, a casos de su entorno. "Bastantes compañeros míos están exentos de la declaración a Hacienda por no superar el mínimo establecido y no andamos ocultando ningún rastro, eso que tanto repite esta funeraria", relata.
Por otra parte, dirige a la empresa que "debe saber que un funeral y un entierro son actos litúrgicos, actos religiosos para los católicos; no es un acto empresarial". Por ello considera que "es a los párrocos a quienes compete dirigir el rito de exequias y recibir el estipendio correspondiente". Recuerda que "los párrocos no son empleados de dicha funeraria", sino que "el sacerdote sirve y celebra la eucaristía para el difunto y su familia, no para la funeraria". Por todo ello remacha que "es la familia la que debe dirigirse al párroco para acordar día, hora y demás; no se puede delegar en una empresa comercial lo que pertenece al ámbito espiritual, religioso y litúrgico".
Versión de familia y funeraria
Las palabras de este representante de la Iglesia se conocen cuatro días después de que trascendiese la controversia por la negativa del sacerdote de Lérez a oficiar un entierro. Según explicaron entonces desde la familia del fallecido y la funeraria, fue minutos antes de las tres de la tarde, en el momento en el que la comitiva se disponía a salir del tanatorio de San Mauro hacia Caldas para llevar a cabo el funeral, cuando empezó la polémica. Según comentaron, a punto de partir la comitiva fúnebre del tanatorio, se quedaban sin sacerdote para oficiar la ceremonia religiosa tanto en el tanatorio como en el cementerio de Lérez, al parecer, por la negativa del cura de esta parroquia a participar en el acto o a dejar que lo hiciera otro sacerdote en su lugar si no se le pagaban sus servicios sin factura, en efectivo.
Una situación que derivó en momentos de tensión entre los familiares del fallecido, que llegaron incluso a amenazar con no dejar salir del tanatorio a ningún otro entierro mientras no pudieran dar sepultura a su ser querido "como es debido". Esta versión, facilitada el pasado domingo por familiares del fallecido, era corroborada por un portavoz de la empresa funeraria Alianza y Barros, encargada de gestionar los actos fúnebres. La firma desveló una situación que desde hace tiempo es compartida con más sacerdotes que se niegan a trabajar con facturas y exigen el pago de los servicios en efectivo, "en dinero opaco". Fuentes de esta funeraria explicaron que ellos realizan todos sus pagos a la Iglesia mediante dos fórmulas, o bien por transferencia bancaria a una cuenta del Arzobispado de Santiago o bien mediante la entrega de un cheque a nombre del propio Arzobispado al sacerdote en cuestión. Un sistema que, según apuntaban en la empresa, aceptan "la mayoría de los religiosos" con los que trabajan, salvo estas excepciones.
