El rechazo vecinal al tratamiento de residuos para su conversión en compostaje va más allá del proyecto pontevedrés. La planificación e instalación de recintos similares al que se construirá en los montes de Canicouva ha generado una contundente oposición en diversos municipios de toda la geografía estatal. El mal olor es la principal causa de las campañas ciudadanas que han forzado el cierre de plantas en funcionamiento o la cancelación de actuaciones que estaban a la espera de colocar la primera piedra. Barcelona, Huesca o Toledo son solo algunos de los ejemplos.

Las molestias que provoca el hedor de residuos en descomposición ha movilizado a ciudadanos y asociaciones de distintas latitudes para exigir soluciones ante las administraciones. Las protestas se han producido tanto en contra de proyectos de promoción privada como aquellos que se impulsan desde el sector público. Las medidas correctoras llegaron tras años de protestas y, en determinadas situaciones, con la Justicia de por medio.

En Cataluña, territorio que desde el BNG local se ha puesto como ejemplo en la aplicación de políticas de aprovechamiento y tratamiento residual, la insistente pugna de los ciudadanos tuvo su recompensa en 2009. Después de 19 años de funcionamiento de una instalación promovida por las instituciones públicas y que en su momento se presentó como pionera, con una capacidad para 26.000 toneladas anuales, la planta de compostaje de Castelldefels dejó de funcionar. Las quejas de uno de los barrios más próximos al recinto aumentaron con el paso del tiempo y con los nuevos usos que se le fueron dando a la instalación, especialmente cuando se empezaron a tratar restos de origen animal. El entonces alcalde de este municipio barcelonés, Antoni Padilla, reconocía que el olor era "muy fuerte, muy desagradable".

También en Huesca la pestilencia de una planta de compostaje en el ayuntamiento de Alcalá de Gurrea y abierta en 2001 bajo iniciativa privada llegó a su fin. La plataforma en la que se integraron vecinos de este municipio y de otras localidades del entorno ganó una batalla legal emprendida en 2007 y ahora el complejo lleva ya más de dos años cerrado cautelarmente. La empresa habría llegado a gestionar más toneladas de las permitidas (alcanzando las 140.000 anuales). Los habitantes de la zona presentaron un estudio olfatométrico que concluía que los malos olores eran notorios en un radio de ocho kilómetros de distancia.

Los habitantes del barrio de Río Chico, en Toledo capital, lograron, por su parte, que los planes de levantar un planta de compostaje a solo dos kilómetros de sus viviendas, donde ya había un vertedero, se quedasen en un cajón. Reunieron más de millar y medio de firmas y su presión finalmente consiguió que el proyecto se ubicase a un polígono situado a 15 kilómetros de la ciudad.

Mientras estos vecinos han visto satisfechos sus propósitos, la disputa continúa en otros lugares del entorno de Barcelona y Madrid. En el primer caso el problema lo sufren vecinos de Sant Vicenç dels Horts. Los afectados criticaron públicamente esta misma semana que "las molestias y la peste han sido constantes desde que entró en funcionamiento", algo que ocurrió en 1997. Desconfían de las promesas del Área Metropolitana de Barcelona de paliar los efectos. En el segundo caso, está a punto de iniciarse un proceso legal. Los vecinos del PAU de Vallecas, consientes de que el traslado es "utópico", reclaman medidas urgentes para atajar unos olores que califican de "vomitivos".