Las supuestas facturas falsas de Pasarón se unen a la causa por el sobrecoste del campo

Una petición que coincide con la reciente apertura de juicio oral contra la constructora que levantó el campo, Oreco, por la supuesta elaboración de facturas falsas dentro de las macrocausa de Las Cinco Jotas, y en la que dos de los recibos se refieren a trabajos efectuados, precisamente, en la construcción del estadio en el que juega el Pontevedra.

Santaló se limitó ayer a confirmar que se había pedido la prórroga de la investigación con el objetivo de "practicar nuevas diligencias" relacionadas con el caso, aunque no quiso aclarar si esta petición tenía que ver con la aparición de estas supuestas facturas falsas.

No obstante, todo hace indicar que los dos recibos, de 44.963 y 49.501 euros cada uno, se unirán a la documentación que maneja el Ministerio Público en esta causa por si de su contenido se pudiera abrir alguna nueva vía de investigación, algo que por ahora se desconoce.

La investigación de la Fiscalía por los posibles sobrecostes de Pasarón arrancó a principios del mes de mayo tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el concejal de Deportes de Pontevedra, Agustín Hernández.

Una circular de la Fiscalía General del Estado (la 4/2013) establecía que este tipo de diligencias de investigación abiertas por el Ministerio Público no deberían excederse más de seis meses, un plazo que vence estos días, de ahí que Santaló haya decidido solicitar esta prórroga, una posibilidad que también recoge esta circular, aunque "como una excepción a la regla general". El plazo de prórroga que se puede solicitar es único de seis meses, aunque el fiscal puede cerrar la investigación si la completa antes de este plazo y judicializarla, siempre mediante una demanda o querella, o proceder a su archivo.

Distintas fuentes consultadas explicaron que lo habitual es que la Fiscalía General del Estado no ponga obstáculos a la concesión de este tipo de prórrogas si están debidamente justificadas.

La investigación abierta a raíz de la denuncia del concejal socialista Agustín Fernández llevó a declarar ante la Fiscalía en calidad de investigados el pasado 24 de octubre al presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y a otros 8 diputados y exdiputados provinciales del PP que formaron parte de sus anteriores juntas de gobierno cuando se tramitó el proyecto de construcción de Pasarón. Entonces Louzán alegó que todos los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Diputación y que provocaron que se disparase el precio de la obra (fue adjudicada a Oreco por 7,5 millones y acabó costando 17,9) contaron con los correspondientes informes favorables, "todos ellos conformes a la legislación, no constando ningún reparo suspensivo" por parte de los técnicos. También resaltó que dichas modificaciones salieron adelante con el voto favorable de todos los partidos políticos (no solo el PP, sino también PSOE y BNG) tanto en la Diputación como en el Concello, así como de los miembros de la comisión de seguimiento de las obras en la que también estaban representados los partidos políticos. Lo que sí reconoció Louzán es que el único informe negativo a los modificados lo emitió el Consello Consultivo de Galicia, no era vinculante y llegó tiempo después de que ya se hubieran adoptado estos acuerdos.

Trama de las facturas

Paralelamente, y sin que por el momento tengan relación entre sí. Oreco aparece también salpicada por la macrocausa de Las Cinco Jotas. Uno de los jefes de la constructora, José Benito V. R., se enfrenta a una petición por parte del fiscal de Vigo, Juan Carlos Horro, de dos años de prisión como presunto autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El fiscal considera que un total de diez facturas emitidas por empresas de Las Cinco Jotas con cargo a Oreco recogen trabajos que nunca se llevaron a efectuar, dos de ellas por actuaciones en las obras de Pasarón. Algo que desde Oreco y Las Cinco Jotas niegan, asegurando que son trabajos reales, por lo que rechazaron llegar a un acuerdo con el fiscal e irán a juicio.