Dos edificaciones emplazadas en el municipio de Marín acaban de ser sometidas a la "piqueta" de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta, tras declarar ilegales ambas obras. Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en Seixo, y un quiosco, con terraza, en la playa de Aguete. Así acaba de hacerlo público la propia APLU, que eleva de este modo el número de derribos en la comarca en este año a nueve, en los municipios de Sanxenxo, Pontevedra, Vilaboa, Poio y los dos citados casos de Marín.

Ambas demoliciones en el municipio marinense se llevaron a cabo el pasado mes de septiembre, y a ellos se une otra medida similar realizada en Sanxenxo, que se desarrolló en abril pero acaba de ser desvelada ahora por la agencia autonómica. Los nueve derribos ejecutados hasta ahora en 2014 en la comarca suponen más de un tercio de todos los realizados hasta ahora en la provincia, lo que sitúa a Pontevedra y su entorno a la cabeza en este tipo de actuaciones ya que en O Morrazo se han puesto en práctica dos (ambas en Bueu), otras cinco en Arousa (dos en Vilanova, una en Cambados, otra en O Grove y una más en Meis) y nueve en siete municipios del Sur de la provincia: tres en Nigrán y uno en O Rosal, Redondela, Vigo, Oia, Salceda de Caselas y Gondomar respectivamente.

Estas nuevas demoliciones vienen a reforzar las recientes medidas aplicadas por la APLU, que intensificó en los últimos meses su actividad inspectora y sancionadora en Pontevedra y su comarca, con la ejecución de una demolición, esta vez de la estructura de una nave industrial en la capital, poco después del derribo de una vivienda unifamiliar emplazada en Marcón en suelo rústico de protección ordinaria.

Paralelamente, en el pasado mes de septiembre se activaron algunos expedientes pendientes en este mismo territorio. Uno de ellos afecta a la construcción de una vivienda unifamiliar en el lugar de Nabalexo, en la parroquia de Salcedo, que ya acumula varios años de tramitación. Otro implica a una vivienda unifamiliar ubicada en Postemirón (Vilaboa) y otorga un plazo de tres meses para que los propietarios acometan el derribo voluntariamente.

En el caso de Marín, la vivienda unifamiliar, de una sola planta, se ubicaba en el lugar de A Brea, sobre suelo rústico de protección ordinaria. Por su parte, el quiosco de Aguete, que incluso disponía de unas escaleras de acceso, también ilegales, ocupaba la servidumbre de protección de costas.

Hay otro caso pendiente, esta vez en Moraña, donde se ordena a los propietarios de una vivienda unifamiliar en Chaín que "se ajusten las obras a las condiciones señaladas en la licencia concedida en abril de 2204", con la advertencia de que en caso contrario se procederá al derribo de los trabajos ilegales.

La Consellería de Medio Ambiente acaba de divulgar la actividad de la APLU entre enero y agosto de este año, un balance que señala que el 99% de las demoliciones ejecutadas en estos ocho meses fueron voluntarias. En la provincia de Pontevedra, la que mayor número de asuntos acumula de toda Galicia, se contabilizan hasta ahora 111 expedientes iniciados, 81 de ellos ya resueltos.