Más de 100 empleados de dos empresas que facturan anualmente decenas de millones de euros están pendientes de qué sucederá con la sentencia que obliga a derribar el relleno portuario en el que tienen su puesto de trabajo. Son las plantillas de Gonvarri y Pérez Torres Marítima, las dos firmas cuyas instalaciones están directamente afectadas por el fallo judicial en el que se insta a demoler toda esta zona ganada al mar. El Tribunal Superior de Galicia (TSXG) urgió esta pasada semana el cumplimiento de este mandato y advierte que, de lo contrario, multará al Puerto con sanciones sucesivas de entre 150 y 1.500 euros.

Las mencionadas empresas son las únicas que se han construido en esta zona del recinto. Las instalaciones de Gonvarri, que suministra acero a la industria auxiliar del automóvil, son las que disponen de una mayor superficie construida. Aquí se cortan y transforman planchas que luego se dirigen a otras factorías de componentes. Los últimos datos públicos señalan que son 65 sus trabajadores y que las ventas en 2012 superaron los 100 millones de euros. Pérez Torres Marítima dispone de un edificio de oficinas desde el que se gestionan las labores de esta consignataria y agencia portuaria que se ocupa, entre otras labores, del tráfico de contenedores. Fuentes del sector indican que unos 40 empleados conformarían la plantilla en Marín, en donde la facturación se contaría también por millones de euros.

Esta sentencia judicial, además de implicar la desaparición del relleno y por tanto las instalaciones de Gonvarri y Pérez Torres Marítima, también afectaría al Punto de Inspección Fronteriza (PIF) que la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra tendría que recolocar llegado el caso. La materialización del contenido del fallo supondría, asimismo, la desaparición del pequeño ramal ferroviario que se desvía hacia las instalaciones de Gonvarri y que sirve para carga y descarga de mercancía en esta fábrica. Quedaría al margen de la demolición el resto de raíles que desde la entrada a la explanada portuaria se dirigen hacia el almacén de graneles de Ceferino Nogueira.

Todo lo anterior se llevará a cabo si el Puerto da cumplimiento a una sentencia que ha tratado de eludir y demorar en más de una ocasión. El último intento fue preguntando formalmente qué zona sería la que exactamente debería derribarse. Esta cuestión es la que acaba de ser contestada por el TSXG, que replica que "el fallo es claro" y "no procede interpretar". Desde este tribunal recuerdan que "se trata de una obra que la Administración Portuaria conoce" y avisan de que el incumplimiento del fallo "en el plazo de 20 días" (según se conocía el pasado día 24) implicaría las multas reiteradas de entre 150 y 1.500 euros, así como "la responsabilidad penal que pudiese corresponder".

A pesar de este ultimátum, desde el Puerto han anunciado que se agotarán todas las vías legales para salvar los 300.000 metros cuadrados de rellenos declarados ilegales por el Supremo en 2009. La Abogacía del Estado ya está diseñando la estrategia que se seguirá tras este último varapalo judicial y parece que el remedio provisional pasará por presentar un recurso de reposición que la propia providencia del TSXG recoge. Así lo han apuntado fuentes portuarias.

Desde el Concello de Pontevedra, en cambio, el edil de Territorio e Infraestructuras, César Mosquera, ve pocas posibilidades de esquivar el cumplimiento de la sentencia. Mosquera volvió a insistir en que "el problema está en la génesis de todo este asunto" y recordó que desde 1987 el Puerto vino impugnando el plan general de Pontevedra y se resistía a "hacen un Plan Especial del Puerto en condiciones" para ordenar todos los terrenos portuarios. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, mostró por su parte el apoyo al Puerto y le animó a proseguir la batalla judicial. "Nosotros estamos en la defensa de una empresa pública que es el Puerto de Marín y de los operadores portuarios que allí se instalan, que son el pulmón de nuestra ciudad", dijo.