Cuando la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra destapó un presunto fraude millonario a la Hacienda Pública por parte de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín, la propia Agencia Tributaria inició una inspección en cadena a casi 200 armadores que suministraban pescado a la cooperativa y que aparecían en la doble contabilidad que, supuestamente y según la querella del fiscal, guardaba la entidad en sus oficinas. Allí, las facturas se dividían en archivadores de distinto color: en los azules las emitidas con el correspondiente IVA y en los blancos aquellas que supuestamente eran en "b".

La mayor parte de aquellas inspecciones que se realizaron de forma individual a cada uno de los armadores se zanjaron con multas administrativas por las cantidades supuestamente no tributadas. Sin embargo, en uno de los casos, un armador sumaba ventas en "b" por las que habría dejado de tributar más de 120.000 euros, lo que suponía un presunto delito contra la Hacienda Pública por el que acabó siendo imputado en un procedimiento que se siguió aparte en los juzgados marinenses.

Distintas fuentes judiciales confirmaron ayer que la causa contra este único armador por un presunto delito fiscal ha sido archivada por el juez de Marín que instruía el caso al no apreciar indicios de delito. Una decisión judicial que en distintos círculos del sector del mar de la localidad de Marín se percibió como un síntoma de que la macroinvestigación de Hacienda contra las supuestas ventas de pescado en "b" podría acabar también diluida.

No lo creen así fuentes de la Fiscalía que recuerdan que ambos son dos casos aparte. En cualquier caso, el Ministerio Público también ha recurrido el archivo de la causa que se sigue contra este único armador y pide que se reabra el caso, manteniendo su acusación. Ahora será la Audiencia Provincial la que deberá decidir.

Por otra parte, sigue su curso con total normalidad el proceso por el que el fiscal reclama una pena de seis años de cárcel para el presidente de la Cooperativa del Mar, San Miguel de Marín, (había otros dos imputados, pero no se formuló acusación contra ellos) por tres delitos fiscales en los años 2008, 2009 y 2010. Se le acusa de realizar ventas de pescado no declaradas a través de la cooperativa cercanas a los 14 millones de euros. La Fiscalía reclama dos años de cárcel por cada uno de los tres delitos que se le imputan a la entidad, así como una multa de 1,8 millones de euros. Asimismo, reclama que reintegre 1.053.849 euros que supuestamente dejó de abonar la cooperativa a Hacienda.

Hay una tercera causa judicial abierta a raíz de esta macroinvestigación realizada por la Fiscalía por las ventas en "b" de pescado por parte de armadores marinenses, principalmente a través de la lonja de O Berbés, en Vigo. En este caso el objetivo de las indagaciones de la Fiscalía fueron los propios funcionarios y personal de la lonja con el objetivo de destapar las posibles "mordidas" o sobornos que pudieran haber recibido para que el pescado que era vendido en "b" pasase los controles y pesajes sin ser detectado con el objetivo de no ser declarado a Hacienda. En este caso, la investigación, dirigida por el fiscal jefe de Pontevedra, acabó con una denuncia contra la directiva de la cooperativa por presunta estafa a sus socios, al no poder justificar el destino de las cantidades que el Ministerio Público considera que pudieran estar destinadas al pago de estas "mordidas".