El Bloque Nacionalista Galego presentará en el Parlamento Gallego una propuesta instando al gobierno autonómico a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que la sentencia del Tribunal Supremo que anula la aprobación del Plan Especial del Puerto y declara ilegales las obras de relleno obligando a su reposición al estado original.
En este sentido, los nacionalistas exigirán que se diriman responsabilidades políticas, "la sentencia obliga a las tres instituciones implicadas, Xunta de Galicia, Diputación y Autoridad Portuaria a la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado", explican en un comunicado. Añaden, además, que "los posteriores rellenos realizados tras los declarados ilegales van a correr la misma suerte, con toda probabilidad, siendo responsables Núñez Feijóo, Rafael Louzán y María Ramallo, presidente de Autoridad Portuaria en aquel momento. Alegan también que "esta irresponsabilidad demostrada por los dirigentes políticos tendrán que pagarla ahora todos y todas", remata la declaración del diputado Daniel Rodas.
Por su parte, el edil Vilaboa muestra su preocupación por la inseguridad jurídica en la que permanecen las instalaciones portuarias. "Esta situación sitúa a las empresas alojadas en esos espacios portuarios en una situación muy compleja", declara Vilaboa.
Por este motivo, desde la sede local del BNG insisten en que "se garantice la permanencia dentro del término municipal de Marín, o como mínimo de la comarca del Morrazo, de las industrias afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo y los puestos de trabajo ligadas a ella. No podemos consentir que se pongan en peligro los cientos de puestos de trabajo ligados a estas empresas", recalca Vilaboa, que acusa a Ramallo de "no poder defender nada cuando otros municipios proponen espacios para llevarse a las empresas", concluyó.
