La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) anunció ayer su intención de solicitar a la Fiscalía que "se determine el alcance penal" de los rellenos del Puerto declarados ilegales por los tribunales, al entender que la irregularidad de esas obras iría más allá de un proceso contencioso-administrativo. El colectivo ecologista también aboga por "exigir que el gasto al que de lugar la ejecución del fallo y la demolición de los rellenos ilegales sea costeado por los responsables del daño producido en su día".

APDR teme que en lugar de eliminarse los citados rellenos "pronto se inicien los dragados hasta la cota de 15 metros de profundidad en una extensa área en el entorno de las zonas ya rellenadas".