Septiembre de 2008. El Ministerio de Defensa, que por entonces tenía al frente a la ministra socialista Carme Chacón, instauraba una franja de seguridad en torno a la base militar de la Brilat que incluía numerosas viviendas, fincas y propiedades de vecinos de las parroquias de Salcedo, Figueirido y Vilaboa y les imponía fuertes restricciones a la hora de acometer cualquier obra en sus propiedades. La medida fue la gota que colmó el vaso para los vecinos que convivían con las instalaciones militares y cuyo malestar con Defensa había ido en aumento desde que las maniobras de los soldados no solo les impedían acceder al monte, sino que en muchas ocasiones se colaban incluso en sus propias huertas.

La franja de seguridad fue la espoleta que hizo estallar el conflicto y que llevó a los vecinos a dar un paso más y reclamar por la vía judicial la titularidad de los terrenos que ocupaba la base, un monte comunal entregado al ejército por la administración durante la dictadura. La medida tuvo unas consecuencias imprevisibles. Los jueces dieron la razón a los vecinos y la base militar quedó en una situación de inseguridad jurídica absoluta. El Gobierno derogó el Real Decreto Ley que instauraba al franja de seguridad, pero ya era tarde. Los vecinos consiguieron la titularidad de los terrenos sobre los que se asentaba la base en los tribunales y la continuidad de la base de la Brilat (con un impacto económico anual de 40 millones en la comarca de Pontevedra) quedaba en entredicho.

Tras importantes tiras y aflojas entre comuneros y Defensa por el precio a pagar, finalmente se llegó a un acuerdo para que el Ministerio abone un canon a los comuneros por el uso exclusivo de los terrenos, además de liberar parte del monte que utilizaban hasta ahora y que queda para disfrute de los ciudadanos. La paz y la normalidad entre comuneros y militares es ya un hecho desde hace tiempo, cuando se encauzaron las negociaciones, pero se hizo oficial ayer, con la firma de este convenio para la cesión de los terrenos por parte de las tres comunidades afectadas (Salcedo, Figueirido y Vilaboa) y el ministerio de Defensa. Pese a la importancia del momento, que permite garantizar el futuro de la Brilat en el actual emplazamiento al menos durante 75 años más, no hubo foto para inmortalizar la rúbrica de este acuerdo. La firma que ratifica el final de una "batalla" que duraba ya cinco años se hizo en privado en la sede de la subdelegación de Defensa en Pontevedra.

Las tres comunidades rubricaron el acuerdo, aunque por ahora tan solo una cobrará el canon, la de Salcedo, cuya sentencia judicial por la titularidad de los terrenos es la única que es firme. "Hoy es un día histórico", reconocía su presidente, Fernando Pintos, quien dijo que ya tenían ganas de cerrar de una vez el acuerdo tras un lustro de lucha vecinal. "Ahora queda solo hacer seguimiento para velar por su cumplimiento". Y es que el acuerdo no incluye tan solo el pago a Salcedo de 128.300 euros anuales por la cesión de 71 hectáreas de terreno, sino que además marca las reglas de convivencia entre vecinos y militares, al delimitar los espacios que serán destinados a maniobras de aquellos de uso lúdico y aprovechamiento forestal y que no deben invadir los soldados con sus maniobras. Incluye también el compromiso por parte de Defensa de derribar en el plazo de año y medio contado a partir de hoy de algunas instalaciones construidas en el monte vecinal, como la conocida como aldea afgana o el campo de maniobras.

La cuantía que percibirán los comuneros en concepto de canon por la cesión de los terrenos será destinada a la puesta en valor del monte. Los comuneros ya tienen en proceso de rehabilitación con fondos propios 30 de las hectáreas recuperadas a los militares. "Tal y como dejaron el monte, hay agujeros por las minas y otras maniobras vamos a necesitar varios años y estas cantidades para ponerlo en valor", adelanta Pintos quien asegura que el acuerdo "favorece a los comuneros, a los militares y también a los vecinos de Pontevedra que recuperan estos espacios para su disfrute y se genera actividad económica con las empresas que contrataremos para la recuperación del monte".

Al liberar suelo del resto de las comunidades de montes, el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a recurrir a una cuarta comunidad de montes, San Xulián de Marín, para solicitarle también el uso de parte de sus terrenos para realizar maniobras. La firma con esta comunidad se producirá de forma inminente.