Habilitar terrenos como plataforma logística o "puerto seco". Es la propuesta que desde hace años pone sobre la mesa el Concello de Pontevedra para hacer frente a la sucesión de sentencias que confirman que 300.000 metros cuadrados del rellenos en el Puerto de Marín son ilegales y deben ser demolidos. El último fallo judicial del Tribunal Supremo, que ratifica que esas obras no pueden ser legalizables, pese a los intentos de la Xunta y de la Autoridad Portuaria al respecto, han servicio al gobierno local pontevedrés para rescatar su antigua idea.

El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, apuntó ayer la intención municipal de solicitar en el próximo consejo de la Autoridad Portuaria que se impulse la elaboración de un proyecto sectorial que permita ejecutar ese "puerto seco" lo antes posible, ante la hipótesis de que el último fallo judicial lleve aparejada una supuesta paralización de la actividad empresarial que se lleva a cabo en los rellenos ilegales.

La reciente sentencia del Supremo deja poco margen de maniobra al Puerto ya que no acepta ninguno de los argumentos para legalizar esos rellenos, algo que genera "gran preocupación" en Marín, como admite su alcaldesa, María Ramallo.

Medio millón de metros cuadrados, encontrarse en un radio de unos 10 kilómetros del Puerto de Marín y contar con conexión a las redes de transporte por carretera de alta capacidad y, sobre todo, de ferrocarril. Estas son desde hace años las condiciones mínimas que se exigen al terreno en el que se pretenda desarrollar esta zona logística portuaria para la que todavía no hay una ubicación definitiva.

Seleccionar el mejor emplazamiento, corresponde a la Xunta de Galicia, según establece el Ministerio de Fomento en su último documento de estrategia logística en España. En los últimos años se han planteado varias posibilidades. Las dos que han estado más tiempo sobre la mesa tienen un origen muy diferente. La primera la propuso el PP local en tiempos de Telmo Martín, y se extendía entre los municipios de Pontevedra y Vilaboa, pero ya ha sido desestimada por el último plan autonómico de suelo empresarial. La segunda es la opción que defiende Pontevedra. Se trata de 450.000 metros cuadrados en Leborei, en la parroquia de Cerponzóns. Cuenta con la desventaja de ser un poco más pequeña de lo deseable, pero no tendría problema para conectarse con las principales vías de comunicación y, sobre todo con el tren. La conexión ferroviaria sería uno de los problemas de la opción que defiende Marín en el monte Pituco. Otras alternativas, como el polígono de O Campiño o el de Barro-Meis también han salido a relucir como posibles ubicaciones para el denominado "puerto seco".