La alcaldesa de Marín, María Ramallo, que en su día también presidenta de la Autoridad Portuaria, evitó hacer ayer una valoración en profundidad sobre la última sentencia del Tribunal Supremo hasta conocer los informes que pueda realizar al respecto el propio organismo rector del Puerto o la Abogacía del Estado y las vías judiciales que aún puedan existir. No obstante, admite que esta sucesión de resoluciones de los tribunales sobre los rellenos no dejar de arrojar "incertidumbre" sobre el futuro del "principal motor económico y de empleo de Marín y de la comarca", por lo que reconoce que en el "Concello hay una gran preocupación" al respecto.
Recuerda que el Concello de Marín no estaba personado en este pleito, derivado de un recurso de la Abogacía del Estado y de la empresa Cabomar Congelados (antigua Tradepana), pero insiste en que "en estos momentos de crisis, cuando la iniciativa pública y la privada apuestas por invertir en el Puerto, es muy preocupante que no se acabe de alcanzar la tranquilidad y no se aclare el futuro".
La pelota está ahora sobre el tejado de la Autoridad Portuaria, ya que el Supremo hace referencia al auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia donde se le requería a que "cumpla las declaraciones contenidas en el fallo, y para que, en el plazo de 20 días (...) remita a esta Sala copia de lo practicado en cumplimiento de las declaraciones contenidas en la sentencia dictada".
