La Plataforma Defensora de la Plaza de Os Placeres, entidad vecinal que ha ganado todos los pleitos contra los rellenos ilegales del puerto de Marín, emplazó ayer a las partes implicadas en este conflicto, especialmente la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento a "sentarse con nosotros para buscar una solución" al futuro del recinto después del último fallo del Tribunal Supremo que ratifica que esas obras tienen que ser demolidas y no acepta los argumentos de que las sentencias anteriores están ejecutadas. Pero esa voluntad vecinal de "colaboración" no lleva aparejada una aceptación de la situación actual en el Puerto: "Las sentencias no se negocian y no creo que nadie diga que no las acata", aclaró ayer el portavoz del colectivo, Eladio Torres.
Esta última sentencia del Supremo supone un fuerte varapalo para el futuro portuario ya que insiste en eliminar los 300.000 metros cuadrados ganados al mar y advierte con multas a la Autoridad Portuaria si no se ejecuta el fallo, una situación de la que Torres culpa a "los responsables que estaban en el año 2000 y que prácticamente son los mismos que ahora, con el agravante de que en este caso se quiso engañar al tribunal diciendo que la sentencia ya estaba ejecutada".
El portavoz asegura que "siempre estuvimos seguros de tener la razón porque aún existe el Estado de Derecho" y del mismo modo que ganaron este pleito, y asegura que "si mañana mismo nos recibe la ministra estoy seguro de que encontraremos una salida para que el Puerto cumpla con la Ley de Puertos. Si se hubiera hecho antes ya estaría solucionado. Por eso, cuando deseen hablar con nosotros, aquí estaremos para que se cumpla la ley". "Si hemos sido capaces de desmontar esta actuación ilegal, sabremos hacer un puerto más eficaz, con más tráfico de mercancías y que se atenga a la ley".
Quince años
Esta oferta, en todo caso, no es un cheque en blanco para mantener los rellenos "porque las sentencias no se negocian y no creo que haya nadie que vaya a decir que no acata este fallo". "Han tenido 15 años para resolver este problema y hoy siguen siendo los mismos", añade Torres, que extiende su oferta de colaboración a los empresarios asentados en los terrenos ilegales. En todo caso, aconseja a estos afectados que "soliciten una indemnización por lucro cesante".
El último intento administrativo para resolver este asunto fue la aprobación, en julio del pasado año de un nuevo plan especial para el Puerto de Marín (que también está anulado inicialmente por una sentencia judicial) que tendría que acabar con la inseguridad jurídica de los terrenos portuarios. Todo apunta a que esta vía tampoco ha sido admitida por los tribunales.
