Trabajadores y representantes de los sindicatos UGT, CC OO y CIG se concentraron ayer en la Praza de la Peregrina de Pontevedra, al igual que otras diez villas y ciudades gallegas, en solidaridad con Ana y Tamara, empleadas de la piscina de Campolongo condenadas a tres años de cárcel por participar en una protesta sindical, así como otros dos compañeros de Vigo, también condenados a penas de prisión por el mismo motivo.
Esta serie de movilizaciones contra la libertad sindical cuentan con el apoyo de la Alianza Social Galega y se desarrollan bajo el lema "Defender os dereitos da clase traballadora non é delito" y en ellas se denuncian las penas "desproporcionadas, injustas y abusivas" que pretenden amedrentar la libertad de protesta sindical y la contestación de los trabajadores a las medidas laborales que consideran injustas. Los concentrados, al igual que varias instituciones públicas, reclamaron el indulto para los cuatro trabajadores ya condenados en sentencia firme, además de exigir que no se repitan "condenas represivas" como las dictadas en estos casos.
Para los sindicatos convocantes estas penas de prisión suponen "un castigo" a las personas que se significan en la defensa de los derechos de sus compañeros "dentro de la legalidad", como fueron los casos referidos, y pretenden amedrentar tanto a los trabajadores como a sus representantes para que no repitan protestas contra normativas o decisiones empresariales que consideran injustas. Los tres sindicatos encuadran este tipo de castigos en el marco de la "represión contra la clase trabajadora que caracteriza a los gobiernos del PP".
