La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra reserva tres jornadas la semana próxima para juzgar a tres supuestos integrantes de una red que se dedicaba a introducir cargamentos de cocaína en la provincia a través de los puertos de Lisboa y Marín, partidas de droga que venían ocultas en contenedores, camufladas entre otra mercancía legal, como latas de piña o merluza congelada. La Fiscalía Antidroga de Pontevedra solicita penas que suman en total 33 años de prisión (once para cada uno de los acusados) como autores de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y cometido "simulando operaciones de comercio internacional entre empresas".
La red estaba supuestamente liderada en España por dos vecinos de Vigo, Severo Garrido Méndez y Alberto Cabezas Rubio, quienes contaban con un presunto contacto de la red colombiana que suministraba la droga afincado en Madrid, Antonio Cruz Vásquez Salazar, que es la tercera persona que sentará a partir del martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra. Según el escrito de acusación que defiende la Fiscalía, Severo Garrido, que no contaba con antecedentes policiales hasta esta detención, se venía dedicando a la importación de cocaína desde Sudamérica a España utilizando para ello dos sociedades mercantiles de las que era titular, Vigo Fish y Garrido Import Export. Una actividad en la que contó "en todo momento con la indispensable colaboración del también imputado Alberto Cabezas Rubio", señala el fiscal, quien estaba a sus órdenes y manteniendo entrevistas y contactos telefónicos con otros participantes en la trama delictiva.
Primero en Marín
Según el fiscal, el primer intento de la organización de introducir un alijo de cocaína a través de los puertos españoles tenía como destino el puerto de Marín. A la rada pontevedresa debía llegar un contenedor cargado con merluza que tenía como destinatario el imputado Severo Garrido a través de la mercantil de la que era responsable. Sin embargo, el cargamento nunca llegó a su destino dado que en octubre de 2010 la Policía de Ecuador, durante un registro del mismo, encontraron un total de 472 kilogramos de cocaína que pretendían introducir en España ocultos entre el pescado congelado.
A partir de ese mes de octubre de 2010, el fiscal asegura que Severo Garrido comenzó a mantener contactos con el también imputado Antonio Cruz Vásquez, representante del clan que suministraba la droga en Colombia en España y que ocupaba el cargo de administrador único en la empresa Euroandina de Importaciones S. L., unos contactos que tenían como "única finalidad colaborar en la importación de cocaína desde Iberoamérica a España". Estos contactos se ampliaron desde diciembre de 2010 a un portugués, Belarmino Manuel Nunes da Conceicao que también iba a colaborar en este narcotransporte. Un ciudadano luso que no se sentará en el banquillo de la Audiencia al estar ya siendo juzgado por estos hechos en Portugal.
Fue así como finalmente en abril de 2011, Severo Garrido y Antonio Cruz Vásquez intensificaron sus contactos, supuestamente para importar desde Colombia un contenedor con trozos de piña que sería remitido por Agropecuaria Industrial Andino y que tendría como destinatario la empresa portuguesa de Belarmino Nunes.
El fiscal antidroga, en su escrito, señala que la operación se pudo llevar a cabo y se cerró después de que Alberto Cabezas se reuniese con Antonio Cruz Vásquez en Madrid para que ese le entregase 19.000 euros necesarios para llevar a cabo el transporte de la droga. Posteriormente, el 2 de mayo de 2011, Severo Garrido y Alberto Cabezas viajaron a Lisboa en donde entregaron a Belarmino Nunes tanto el dinero como la documentación necesaria para la importación del contenedor de piña.
1,8 millones de multa
El 28 de abril, la Policía Judiciaria portuguesa interceptaba el contenedor de piña y encontraba un total de 55 kilos de cocaína camuflados en el interior de algunas de las latas de piña. Según el fiscal, el cargamento total de cocaína importado por los acusados habría dado lugar a 1,2 millones de dosis en el mercado negro lo que les hubiera generado 1,9 millones de euros de ganancias. Además de los once años de prisión, solicita la imposición de una multa de 1,8 millones de euros para cada uno.
