Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, sumó ayer su voz a la de aquellos que, como el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclaman que la creación de los futuros Tribunales de Instancia, que el borrador de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, sitúa exclusivamente en las capitales de provincia puedan extenderse, en casos excepcionales, a otras ciudades como Vigo, en la línea apuntada por el informe del CGPJ que apuesta por "flexibilizar el modelo cuando concurran circunstancias geográficas, demográficas, territoriales, socioeconómicas, de volumen de litigiosidad o de carga de trabajo extraordinarias".
Torres Dulce defendió la necesidad de reformar y modernizar el mapa judicial de España -"una idea que comparten este Gobierno y el anterior"- y de superar la idea de los actuales partidos judiciales y audiencias provinciales lo que no fue óbice para que abogase también por la necesidad de que se reconozca la singularidad de determinadas unidades territoriales "como Vigo y alguna otra de importancia".
"Aquí en Pontevedra y Vigo es no ya evidente sino absolutamente inexcusable" subrayaba el titular de la Fiscalía General del Estado para quien de lo que se trata es "del criterio de proporcionalidad" y de no perder de vista que "la Justicia es un servicio a los ciudadanos y que debe facilitarse en la medida que sea posible".
Solo hay que mirar alrededor, indicó, para darse cuenta de que la Justicia no debe ser distinta de otros servicios a la ciudadanía que "se prestan en unidades provinciales o grandes ciudades". El quid de la cuestión está en "cómo conciliar esa modernización con la necesidad de que no queden desatendidas con justeza y con cercanía las demandas de los ciudadanos".
Eduardo Torres Dulce hizo estas reflexiones ayer en la Audiencia de Pontevedra a donde se desplazó para presidir el acto de imposición de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro.
Sin justificación
También a la polémica relacionada con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial aludió Juan Carlos Aladro quien advirtió que la nueva norma "ha generado una serie de expectativas basadas en hipótesis porque es una ley que nadie explica, que no mira al territorio". En este sentido considera que no puede dejar a un lado situaciones excepcionales, que debe ser flexible para dar respuesta a realidades concretas.
"La ley es que parece que funciona a contrapelo de lo que es la realidad social" señalaba el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra para quien "no tiene ninguna justificación que no exista ese partido (Vigo) ". En cualquier caso, Juan Carlos Aladro, quiso dejar claro que estamos ante "un problema conceptual, desaparecen todos (los partidos judiciales), no solo el de Vigo" lo que no le impide defender que la "la reestructuración del territorio merece que sea contemplada" a la hora de implantar el nuevo modelo de Tribunales de Instancia.
Precisamente la reforma de la Ley Orgánica, que modifica la vieja estructura judicial, o el nuevo Código Penal habían sido calificados por Aladro como "regalos no exentos de veneno" en su discurso de agradecimiento por la concesión de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Siete unidades
Entre los invitados que ayer ocuparon un lugar preferente en el acto de imposición de la Cruz de la Orden de San Raimundo Peñafort al fiscal jefe de Pontevedra estaba el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Pública e Xustiza, Alfonso Rueda que no tuvo reparos en opinar sobre la polémica generada por el proyecto de Tribunales Provinciales de Instancia y lo hizo para, evitando circunscribirse al contencioso de Vigo, reiterar que la apuesta de la Xunta es que "aquí tenemos siete ciudades con áreas metropolitanas alrededor importantes y por lo tanto es una realidad que debe ser atendida".
Ante esta realidad, añadió el vicepresidente autonómico, "pedimos siete Tribunales de Instancia" porque "si vamos aun modelo nuevo no tiene sentido hacer sólo una división provincial, al menos no en el caso de Galicia".
Rueda Valenzuela aboga porque "la Justicia esté cerca de los ciudadanos" y la centralización es una mala apuesta cuando se habla de una comunidad autónoma con una población tan dispersa como la gallega.
Estas objeciones, recordaba el vicepresidente de la Xunta, las han expuesto cada vez que les han preguntado por la reforma judicial y seguirán haciéndolo en todas las instancias en las que sean requeridos.
En cualquier caso Alfonso Rueda defiende la necesidad de una Justicia "moderna y cercana" y recordaba ayer la "fuerte inversión" realizada por la Xunta de Galicia en infraestructuras "lo cual implica no sólo los edificios sino también inversiones millonarias en nuevas tecnologías" y "esto de repente no puede ser borrado de un plumazo".
El vicepresidente autonómico ha destacado el "sentido común" que reflejan los distintos informes que se van conociendo al respecto de la reforma, todos ellos "coincidentes" con las alegaciones presentadas por la Xunta y por ello confía en que finalmente sean atendidos los casos "singulares" para garantizar una adecuada administración de Justicia a todos los ciudadanos.
