Las advertencias que diferentes organismos independientes como Unicef u Oxfam han lanzado sobre el riesgo de desnutrición infantil ha llevado al pleno provincial a aprobar de manera unánime una línea de ayudas a ayuntamientos por un importe de 365.000 euros. Esta medida "excepcional" persigue mejorar la atención a los menores en riesgo de emergencia social o con dificultades alimenticias en la temporada estival, situación que aumenta debido al cierre de los comedores escolares.
La corporación dio el visto bueno a una idea que partió del grupo socialista pero que el PP enmendó. Desde la oposición decidieron mantenerse al margen de "polémicas" y tanto el partido que la promovió como el BNG asumieron sin críticas al texto reformulado por los conservadores. La moción inicial demandaba 200.000 euros (cantidad que durante el debate subió a dos millones achacando aquella a un error tipográfico), mientras que finalmente se destinarán 365.000 euros.
La diputada Marta Iglesias fue la encargada de enmendar la moción socialista y lo hizo acusando al grupo socialista de "demagógico y oportunista" por pedir "tarde y mal" este programa de ayudas. Contrapuso que la Diputación invierte 26 millones de euros en la Ciudad Infantil a Príncipe Felipe para atender a 160 niños en un proyecto de integración social, a pesar de ser ésta "una competencia impropia de la Diputación". Además recordó también que, en el marco de una partida de 2,2 millones para atención social, la Diputación aporta 300.000 euros a 73 oenegés de la provincia que trabajan en el terreno de la emergencia social.
Sus oponentes políticos optaron por escapar de controversias y decir que sí a esta enmienda sustitutoria. "Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para que los niños en situación de riesgo puedan tener una buena alimentación este verano; no todo puede ser invertir millones de euros en campos de césped sintético o en posadas", subrayó el diputado socialista Juan Antonio González.
