La situación de Ana Outerelo y Tamara Vidal, trabajadoras de las piscinas de Campolongo condenadas a tres años de cárcel por participar en una protesta laboral, es puesta de ejemplo por los sindicatos para denunciar lo que definen como "campaña de represión sindical". Precisamente para denunciar situaciones como las que sufren ambas trabajadores, que están pendientes de un indulto para evitar el ingreso en prisión, y lo que creen una política de hostigamiento contra las protestas laborales y los representantes sindicales que se traduce en una sucesión de sanciones económicas (multas), los sindicatos CC.OO, UGT y CIG han convocado una nueva manifestación para el próximo lunes, 30 de junio en Pontevedra
Antonio Millares, portavoz de CC.OO, explicaba ayer que en el caso de Ana y Tamara es significativo el cambio de postura por parte de la Fiscalía de Pontevedra, que tras haber recurrido la sentencia inicial, que elevó la pena de seis meses a tres años de privación de libertad, ahora respalda la petición del indulto parcial para Ana y Tamara. Expresó su confianza en que contribuya a añadir argumentos a la petición de la medida de gracia.
En cualquier caso, tanto Antonio Millares, como Xabier Aboi, de CIG, recalcaban ayer que las multas por participar en protestas en la calle siguen llegando, como en el caso de preferentistas, emigrantes retornados o asociaciones de vecinos. Coincidieron en señalar que estas medidas son desproporcionadas cuando no se han producido delitos con motivo de las protestas. Por ese motivo, sostienen que se trata de una "campaña orquestada" por parte del Gobierno para criminalizar los actos reivindicativos.
