Los trabajadores de Construcciones Crespo instan al administrador concursal a solicitar la paralización del ERE extintivo que los aboca al paro, hasta conocer el plan de viabilidad que presentarán los dos empresarios alicantinos que formalizaron la pasada semana una oferta de compra de la constructora local ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra.
Plantean un tiempo de "impasse" de diez o quince días, habida cuenta que los potenciales compradores -los hermanos Serna Rocamora- darán a conocer el plan de negocio que pretenden poner en marcha durante la próxima semana. La plantilla entiende que si la operación de compra-venta es factible y prospera, el ERE es reversible pues, hay que tener en cuenta, que en el escrito remitido por los empresarios al juzgado pontevedrés se señala que su propuesta incluye el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo.
Según explicaba ayer el responsable comarcal de CIG-Construcción, Xaquín Agulla, frenar temporalmente los despidos fue el compromiso tácito que adquirió el administrador concursal con ellos al finalizar, sin acuerdo, el plazo de negociación del ERE. "Presentar el expediente ante Traballo es un trámite obligado pero había pactado entregar el acta con un escrito solicitando la paralización" indicó Agulla que advierte de que "este tipo de actuaciones suscitan malestar y desconfianza" entre los trabajadores, máxime cuando lo que está en juego es el futuro laboral.
Clavo ardiendo
La oferta de compra de los hermanos Serna Rocamora es acogida "con reservas" por parte de la plantilla que, sin embargo, también se aferra a esta posibilidad "como un clavo ardiendo". Lo que no dudan, ni los casi 90 trabajadores del plantel de Construcciones Crespo ni los representantes sindicales, es que la inesperada propuesta modifica sustancialmente el escenario en el que se mueve la firma pontevedresa, en concurso desde julio de 2013 y a día de hoy en fase de liquidación, con autorización judicial incluida.
Los trabajadores confían en que el plan de viabilidad que presenten los empresarios alicantinos en los próximos días despejen cualquier género de duda sobre cuáles son sus intenciones y en consecuencia les aclare cuál será su futuro laboral.
En principio los compradores plantean un proceso de adquisición que culminaría en 2015 y que estaría tutelado por el Juzgado.
