Piden 8 años para un empresario por crear una trama societaria para defraudar a Hacienda

El fiscal endurece su acusación contra Roberto Martín, hermano de Telmo Martín »Un testigo aseguró en el juicio que fue él quien se quedó con los beneficios que se atribuyen al acusado

20.06.2014 | 02:06
Roberto Martín, durante la primera jornada del juicio.

El fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, y la Agencia Tributaria endurecieron las penas de prisión que solicitan para el empresario Roberto Martín González (hermano del diputado del PP, Telmo Martín), acusado de tres delitos de fraude fiscal, dos en el impuesto de sociedades y un tercero en el IRPF. Si inicialmente se solicitaba una pena de seis años de prisión por los tres delitos, ahora las acusaciones reclaman al magistrado de lo Penal 1 de Pontevedra que imponga al acusado una condena de ocho años de cárcel, dos años por cada delito de fraude en el impuesto de sociedades y un cuatro años por el delito en el IRPF.

Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria, que ejerce la acusación a través de la Abogacía del Estado, tomaron esta decisión durante la segunda sesión del juicio que se retomó ayer contra este empresario. La última declaración que se escuchó fue la de un testigo calificado como "clave" por la defensa, José Luis Valiñas, vendedor de los terrenos en Sanxenxo y A Illa que finalmente multiplicaron su precio al ser vendidos de nuevo meses después.

Según explica el fiscal en su escrito de acusación, los terrenos de Sanxenxo se vendieron por 1.184.000 por las empresas constituidas por el acusado Roberto Martín tras ser adquiridas previamente a este testigo por 560.000 euros. En el caso de A Illa, las empresas del procesado compraron una parcela por 360.000 euros y poco tiempo después la vendieron por 901.000 euros. En total, unas operaciones que reportaron unas plusvalías de unos 751.000 euros al acusado y que, según el fiscal, Roberto Martín no declaró a Hacienda. Es más, insiste en que creó un entramado empresarial para camuflar el fraude y puso al frente de estas sociedades fantasma a hombres de paja de nacionalidad portuguesa. Además de las penas de prisión, Fiscalía y Hacienda reclaman al acusado que devuelva los 478.000 euros que supuestamente defraudó, así como multas por valor de 600.000 euros.

Un "mero intermediario"

La defensa de Roberto Martín, sin embargo, insiste en la inocencia de su cliente y asegura que este empresario nunca llegó a cobrar dichas plusvalías. Afirma que se limitó a ejercer de "mero intermediario", un "peón", en la operación inmobiliaria. Resaltó que los beneficios fueron a parar a las manos del vendedor original, José Luis Valiñas, quien ayer sí acudió a declarar y manifestó al tribunal que recibió el dinero en metálico de manos de Roberto Martín. También reconoció como real un contrato privado en el que se recogen las "operaciones reales" de venta de los terrenos, según el cual él recibía estos importantes beneficios fruto de las ventas de las parcelas y no Martín González. Por supuesto, dijo que no declaró estos beneficios para defraudar a Hacienda. La defensa sostiene que estas son las operaciones reales practicadas y no las que figuran en las escrituras públicas.

El fiscal y el abogado del Estado no lo entienden así. Consideran que las operaciones de compraventa reales son las que aparecen en las escrituras públicas. Augusto Santaló incluso manifestó su convencimiento de que ese contrato privado presentado a última hora fue elaborado "hace apenas 15 días". Se preguntó como puede ocurrir que un documento "tan crucial" para la defensa de Roberto Martín, dado que incluso podría haber evitado que el acusado acabase en el banquillo, estuviera guardado en un cajón durante la fase de instrucción. También restó valor a la declaración del testigo José Luis Valiñas, en la que vino a manifestar que él fue quien habría cometido el fraude fiscal, una confesión que hace ahora cuando el posible delito a investigar ya habría prescrito. El juicio quedó visto para sentencia.

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