Funcionarios de la prisión de A Lama rechazan la privatización de servicios y reclaman más personal

El penal fue pionero en poner vigilancia privada perimetral » Perdió 50 trabajadores desde 2010

18.06.2014 | 01:34
Grupo de funcionarios concentrados ante la prisión de A Lama.

Medio centenar de funcionarios del centro penitenciario de A Lama se concentró ayer ante las puertas del penal para expresar su rechazo a la privatización de servicios y para reclamar más personal.

La prisión pontevedresa fue seleccionada por el Ministerio del Interior, junto a otras 19 del Estado, hace un año para poner la seguridad perimetral del recinto en manos privadas. El Consejo de Ministros del pasado 30 de mayo extendió la medida a 67 centros más. "Aquí aún no se sustituyó a la Guardia Civil por vigilancia privada, aún coexisten, pero se hará y no tardará mucho tiempo antes de que extiendan la medida a otros puntos de vigilancia" señalaba ayer uno de los funcionarios.

Los manifestantes defendían el carácter público de las instituciones penitenciarias y alertaban del riesgo que supone una deriva privatizadora en un servicio tan sensible como el carcelario.

Por otra parte los funcionarios instan al Gobierno a que convoque nuevas plazas para prisiones ya que, detrás de varios años de congelación de las plantillas, sacan una OPE (oferta pública de empleo) de solo 70 plazas, lo que no solo no da respuesta a las necesidades de los centros penitenciarios sino que hipoteca el desarrollo de nuevas infraestructuras que están en fase de construcción como los futuros penales de Archidona, Soria, Ceuta o Siete Aguas.

Las plantillas no sólo se están reduciendo -no se cubren las vacantes dejadas por jubilaciones o permisos de larga duración- sino que están envejecidas, alertan los funcionarios que ponen como ejemplo la propia cárcel de A Lama: "el personal tiene una media de edad que supera los 45 años" apuntan fuentes penitenciarias que manejan cálculos que cifran en casi 50 el número de funcionarios que "perdió" la prisión provincial desde el año 2010.

La movilización estaba convocada por la Plataforma para la defensa del servicio público de Instituciones Penales, integrada por siete sindicatos: CC.OO, CSIF, CIG, ELA, UGT y ATP. Al mismo tiempo que en A Lama se sucedían protestas similares en el resto de los centros penitenciarios del Estado.

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