La demolición parcial del polémico edificio de la calle Real de Caldas comenzará "de inmediato". Así se ha transmitido desde el Concello al juzgado con la intención de iniciar las tareas previas a partir de esta próxima semana. Un paso que supondrá el principio del fin a un culebrón que se prolonga desde hace más de 12 años, cuando la licencia mediante la que se construyó fue anulada.

El gobierno local dio traslado a la orden mediante la que se comunica a la Justicia la intención de proceder al cumplimiento de la sentencia, contra la que ya no cabe recurso. El plazo para ejecutarla es de dos meses, período que concluirá a finales de este mes. El alcalde asegura que ya se ha nombrado director de obra al arquitecto municipal y que ahora el único interrogante pasa por saber si se autorizará que al menos parte de la actuación se desarrolle con medios municipales.

El fallo judicial que estaría ahora próximo a ejecutarse obliga a demoler el exceso de volumen con el que se construyó el número 57 de la calle Real. Unos trabajos que "técnicamente son difíciles", según ha apuntado Juan Manuel Rey. El regidor, además, ha puntualizado que el Concello tratará de buscar más ofertas para tratar de "abaratar costes" en aquellas intervenciones que no pudiesen ser acometidas por personal y maquinaria propios. Y es que el medio millón de euros en el que se llegó a calcular el coste de la actuación confía en rebajarse sustancialmente.

El derribo será el fin a un largo procedimiento con el que el Concello trató de evitar que se llegase a la medida más drástica. El edificio fue construido con licencia, pero ésta fue anulada al incumplirse la normativa de fondo edificable, algo que se produjo en 2002. Fue tres años después cuando se produjo el fallo en el que se instaba al Ayuntamiento a acometer el derribo.

Desde la administración local se trató de detener el proceso, pero sobre la última decisión judicial ya no cabe recurso alguno. Así, los responsables municipales han iniciado la búsqueda de soluciones para tratar de que los trabajos tengan el menor coste posible para las arcas municipales. Una de las opciones que se ha barajado para pagarlas es la de destinar el superávit de 170.000 euros. Por ello el gobierno local llegó a pedir autorización al Ministerio de Hacienda, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que el esta cantidad se destine a reducir la deuda del Concello.

Todo después de que fracasase la última esperanza que tenían en el Concello. Ésta aludía a la posibilidad de que el edificio de Caldas pudiese seguir el mismo camino que el conocido como Conde de Fenosa, en A Coruña. Su derribo parcial, dictado, en 2001, fue revocado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado año.