El denominado "caso Pasarón" está vivo en la Fiscalía. El Ministerio Público ha examinado todo el expediente remitido por las administraciones implicadas en la obra (Diputación Provincial y Concello de Pontevedra) y ha decidido dar un paso más en la investigación solicitando nueva documentación sobre el proceso de adjudicación y construcción del estadio, que terminó con un sobrecoste de algo menos de 11 millones de euros, casi el triple del presupuesto por el que fue licitado el proyecto.

La Fiscalía de Pontevedra abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada en su día por el concejal socialista y secretario local del PSdeG-PSOE, Agustín Fernández, ante lo que consideraba un sobrecoste "escandaloso" de las obras. El objetivo del Ministerio Público se encuentra ahora en determinar si se ha producido algún tipo de irregularidad o comportamiento susceptible de abrir una investigación penal en un juzgado o por el contrario se archiva dicha denuncia. En un primer análisis de la documentación aportada por las administraciones a la Fiscalía se han encontrado con algunas cuestiones cuando menos "sorprendentes" y es por ello que requieren esta información complementaria.

Entre la documentación que la Fiscalía tiene a su disposición y que examinó con detenimiento está el polémico informe de febrero de 2008 elaborado por el Consello Consultivo de Galicia y que en 2009 decidió "airear" el Concello de Pontevedra en plena polémica por los continuos sobrecostes del estadio.

En aquel documento ya se aludía a que hubo cuestiones que no se hicieron de forma correcta con respecto a la construcción del nuevo Pasarón. Cuestionaba, por ejemplo, la ampliación sobrevenida de la visera de una de las gradas para proteger al público de la lluvia, algo que se valoró como un "imprevisto" con respecto al proyecto inicial. "Las inclemencias del tiempo en Galicia y la necesidad de un lugar para el desarrollo de las actividades deportivas del club eran circunstancias preexistentes de las que se tenía, desde luego, conocimiento, siendo así que pudieron ser consideradas en la redacción del proyecto original", señalaba entonces el Consello Consultivo.

Ahora el fiscal lo que busca en toda esta documentación es determinar si existió algún tipo de comportamiento ilegal o no más allá de estas incorrecciones. Por ahora, sí confirman que no se ha decidido citar a nadie a declarar.