Los peritos de la Agencia Tributaria expusieron ante el juez que unas operaciones inmobiliarias supuestamente efectuadas en 2007 por Roberto Martín González, hermano del diputado del PP y exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, se realizaron mediante un entramado de sociedades "sin actividad real, con ninguna infraestructura material o personal", para realizar "lo que en aquella época era un pelotazo inmobiliario", afirmó el técnico de Hacienda que ayer compareció como perito, en el juicio contra el acusado de un supuesto delito fiscal. La Fiscalía solicita para el acusado una pena de seis años de prisión como supuesto autor de tres delitos contra la Hacienda Pública. El fiscal Augusto Santaló demanda dos años de cárcel por cada uno de los delitos, en total seis años de prisión, así como la imposición de tres multas de 200.000 euros por cada uno de los delitos y que reintegre al Estado los 478.000 euros que, según el fiscal de delitos económicos, defraudó.
El juicio se inició ayer en el Penal 1 de Pontevedra, pero quedó aplazado por la incomparecencia de uno de los principales testigos, José Luis Valiñas, vendedor de unos terrenos de Sanxenxo y A Illa de Arousa, en una operación en la que el acusado habría actuado como intermediario.
Este testigo será citado a comparecer nuevamente, bajo advertencia de ser acusado de un delito de obstrucción a la justicia, si no acude a declarar, con la imposición de la sanción máxima, según solicitaron tanto la Fiscalía como el representante legal de la Agencia Tributaria.
La defensa argumentó que el acusado no cobró el dinero supuestamente obtenido en estas transacciones mercantiles y que las cifras sobre las que Hacienda fundamenta su acusación son "erróneas". Para ello, el acusado, que solo contestó a las preguntas de su abogado, aseguró que no tiene propiedades y que vive en la vivienda de sus padres, cuyos gastos afrontan sus propios progenitores "y yo en parte, cuando puedo".
Según el testimonio aportado por el técnico de la Agencia Tributaria, habría unos ingresos de 751.000 euros no declarados en estas ventas, que supuestamente habría percibido y posteriormente retirado de una cuenta bancaria, sin poder determinar el destino posterior del dinero.
Estas cantidad no se habría materializado en el patrimonio personal del acusado, según admitió el perito de la Agencia Tributaria a preguntas de la defensa.
El supuesto "entramado de empresas" creado para realizar estas operaciones se vendería posteriormente a unas personas de nacionalidad portuguesa, que tampoco acudieron a la vista celebrada ayer, mediante una operación "simulada, para sacárselas del medio", explicó el técnico. Las personas que supuestamente compraron estas sociedades no fueron localizadas por los técnicos de la Agencia Tributaria ni siguieron al frente de dichas sociedades, que no tenían ninguna actividad real.
Así, el fiscal Augusto Santaló sostiene que Roberto Martín González "constituyó un entramado empresarial" conformado por distintas sociedades mercantiles , "con la finalidad de declarar relaciones comerciales ficticias entre ellas, para de este modo ocultar a la hacienda pública los beneficios obtenidos por aquellas que efectivamente realizaban operaciones comerciales".
El fiscal cree que Martín González simuló la transmisión de alguna de estas sociedades a testaferros o hombres de paja para ocultar el control que realmente tenía sobre las mismas.
Tres delitos
De este modo Roberto Martín está acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública por los que la Fiscalía de Delitos Económicos solicita una de pena de dos años de prisión por cada uno de ellos. Seis años de cárcel en total. Además, el acusado podría tener que hacer frente a multas e indemnizaciones al Estado por más de un millón de euros.
El juicio continuará con la declaración de José Luis Valiñas, en cuanto este testigo sea localizado. Ayer alegó, por mediación de un representante, que se encontraba en un país extranjero por cuestiones laborales.
De mantenerse la acusación en los términos con los que se inició la causa, el fiscal reclama la imposición de tres multas por valor de 200.000 euros por cada delito y que reintegre a las arcas públicas 478.597 euros del impuesto de sociedades y del IRPF correspondientes al ejercicio de 2007, que supuestamente dejaron de abonar las sociedades que el acusado controlaba.
