Vincular la planta de compostaje negociada con la Diputación, que podría estar en servicio en 2017, con la duración de la prórroga a Ferrovial Servicios (denominación de la antigua Cespa) es uno de los puntos de fricción más destacados en este nuevo conflicto municipal. El PSOE se opone tajantemente a esa instalación al entender que "Pontevedra no es el lugar adecuado" y emprenderá una campaña para "explicar" su postura a toda la sociedad. El PSOE convocará a asociaciones vecinales, comunidades de montes, sindicatos, empresarios y otros colectivos para tratar de sembrar dudas sobre este proyecto y "poner de manifiesto sus repercusiones para los ciudadanos", entre ellas la supuesta contaminación de estas plantas o los posibles efectos económicos en el recibo domiciliario.

Louro recordó ayer que el protocolo firmado hace unas semanas entre el alcalde, Miguel Fernández Lores, y el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, "se suscribió sin ser nosotros informados y ahora ocurre lo mismo con esta segunda prórroga del contrato de la basura, por lo que estamos realmente molestos".