La plataforma Non Crematorios Pontevedra Leste reclamó ayer, por segunda vez en poco más de un mes, una reunión oficial con el gobierno local con el fin de aclarar el futuro del crematorio previsto detrás del cementerio municipal de San Mauro y que promueve la empresa Funespaña. Aunque el sector nacionalista del BNG aventuró hace varias semanas que esta compañía habría decidido aplazar ese proyecto, los vecinos no se fían de que eso sea cierto, ya que interpretan que sería una maniobra municipal para "desmovilizarnos", pero también advierten de que la hipotética renuncia de Funespaña podría servir para que otra funeraria cubriera ese hueco y se hiciera cargo del proyecto.

La plataforma, que ayer formalizó en el Concello su petición de entrevista, habló de un posible "consorcio" que estaría interesado en subrogarse el proyecto detrás de San Mauro. El colectivo mantiene su intención de proseguir con sus movilizaciones y protestas y aún baraja una nueva manifestación por el centro de la ciudad. Además, recuerdan que "aún está sin resolver" el tanatorio previsto en Arzobispo Malvar.

El concejal de Urbanismo, Antón Louro, reiteró ayer su compromiso de reunirse con los vecinos, sin concretar una fecha. Podría ser la próxima semana, si bien ese anuncio ya lo hizo la anterior. En todo caso, el edil pocas dudas podrá despejar a los afectados ya que "de Funespaña hace tiempo que no sé nada; desconozco sus intenciones", por lo que carece de noticias sobre una supuesta renuncia o aplazamiento de su proyecto.

Otro asunto pendiente en esta materia es la respuesta a las más de 600 alegaciones formuladas en enero pasado contra la modificación urbanística para regular la ubicación de los crematorios. Louro insistió ayer en que "aún están estudiándose" pero recordó que estas nuevas normas, aún pendientes de una entrada en vigor definitiva, "han servicio para que cuatro de los proyectos originales estén ahora muy condicionados y solo quede uno viable (el de Funespaña), que cuenta con la aprobación unánime del pleno de la corporación (en 2009) y el Concello no puede actuar contra sus propios actos".